Gobierno plantea regulación de armas de fuego de uso civil
Ministro del Interior, César Astudillo, propone modificar la regulación de armas de uso civil, agilizar la expulsión de extranjeros en situación irregular y ampliar herramientas y tecnológicas contra la extorsión.
El ministro del Interior, César Astudillo, propuso ante el Congreso de la República cuatro iniciativas legislativas enfocadas en reforzar la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado. Adicionalmente, solicitó la reanudación de un proyecto de ley para dictar cadena perpetua a efectivos de las fuerzas del orden vinculados con redes criminales o tráfico de armas.
Uno de los principales planteamientos fue modificar la legislación sobre armas de fuego para impedir que se mantenga un número ilimitado de armas bajo las categorías de caza, deportivas y de colección.
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En el Perú, las armas de fuego se dividen principalmente entre aquellas que cuentan con un registro legal ante la Sucamec y el gran volumen de armamento que circula de forma clandestina.
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El 85% de las armas legales registradas en la Sucamec son armas cortas (pistolas y revólveres), mientras que el 14,9% corresponde a armas largas (escopetas y carabinas).
Se calcula que en el país circulan activamente más de 340.000 armas de fuego sin registro oficial en el mercado negro o en situación de ilegalidad.
Astudillo precisó que la propuesta no busca eliminar la posibilidad de que los ciudadanos tengan armas de uso personal conforme a la ley, sino evitar que determinadas modalidades de adquisición e importación sean utilizadas para abastecer a las organizaciones criminales.
Advirtió que algunas armas registradas como carabinas pueden emplear munición de guerra y ser modificadas para disparar en ráfaga.
Como ejemplo, mencionó el uso de este tipo de armamento por parte de grupos vinculados a la minería ilegal en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, donde un enfrentamiento dejó un suboficial de la PNP fallecido y otro gravemente herido. Otros tres civiles también fueron abatidos.
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
El segundo eje está relacionado con la expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular.
Al respecto, el Mininter sostuvo que se requiere agilizar los procedimientos administrativos para ejecutar estas medidas y solicitó ampliar a 48 horas el plazo correspondiente, a fin de que las autoridades puedan completar las actuaciones exigidas por ley.
Como referencia, señaló que, durante una intervención en Trujillo de 200 personas, solo fue posible concretar 49 expulsiones dentro del tiempo disponible.
El titular del Interior precisó que la permanencia en situación migratoria irregular constituye una infracción administrativa y no un delito. En ese contexto, planteó que se revisen los procedimientos vigentes para que las autoridades migratorias puedan actuar con mayor eficacia, dentro del marco legal.
TECNOLOGÍA CONTRA EXTORSIÓN
El tercer planteamiento se centró en fortalecer las herramientas tecnológicas para combatir la extorsión.
Astudillo sostuvo que el incremento del número de efectivos policiales debe ir acompañado de equipamiento y tecnología que permitan identificar a los responsables, rastrear operaciones vinculadas con el cobro de cupos y mejorar la investigación de los delitos cometidos mediante teléfonos y plataformas digitales.
También planteó impulsar mecanismos de geolocalización y mejorar la coordinación con las entidades competentes y las plataformas tecnológicas, así como fortalecer las medidas para impedir el uso de líneas telefónicas irregulares.
En esa línea, mencionó la necesidad de avanzar en la aplicación de medidas relacionadas con el bloqueo de chips y en el uso de herramientas que permitan identificar a los responsables de extorsiones realizadas mediante aplicaciones de mensajería.
LUCHA ANTIDROGAS
El cuarto punto es la ampliación de las facultades de intervención de la Policía Nacional en espacios vinculados con actividades de alto riesgo criminal, incluidos los puertos.
El ministro Astudillo señaló que las restricciones existentes pueden limitar el accionar policial incluso cuando se cuenta con información sobre posibles cargamentos de droga, por lo que consideró necesario revisar el marco normativo para facilitar las actuaciones de la PNP contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas.
Estas cuatro propuestas legislativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado fueron expuestas ante la comisión de Constitución del Senado de la República.
El titular del sector Interior explicó que las medidas buscan cerrar vacíos legales, incorporar herramientas tecnológicas para la investigación criminal y ampliar las capacidades operativas de la PNP.
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Dijo que las cuatro propuestas responden a necesidades operativas y técnicas del sector Interior, y pidió a los senadores evaluar los cambios normativos planteados para fortalecer la capacidad de prevención, investigación e intervención policial frente a las organizaciones criminales.
CADENA PERPETUA
De otro lado, como se sabe, en septiembre, Astudillo solicitó al Congreso retomar el debate de una propuesta que plantea cadena perpetua para policías y militares que participen en organizaciones criminales o intervengan en la comercialización de armas, municiones y explosivos.
El pedido fue formulado ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados.
La iniciativa quedó sin resolución durante la anterior legislatura, según explicó el titular del Ministerio del Interior. La propuesta busca establecer una sanción máxima para los integrantes de las fuerzas de seguridad que utilicen su condición institucional para cometer delitos vinculados con estructuras criminales.
