
La Corte Suprema evaluará este miércoles 30 de septiembre si Pedro Castillo continuará bajo prisión preventiva por la investigación relacionada con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. La audiencia virtual está prevista para las 8:30 a. m. y estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.
El magistrado revisará si todavía existen las razones que justificaron la medida contra el exmandatario. Para ello, escuchará a las partes involucradas en el proceso y luego deberá determinar si corresponde mantener la prisión preventiva por este caso.
La diligencia se realizará de forma virtual. El juez Checkley pidió al establecimiento penitenciario de Barbadillo, en Ate, que adopte las medidas necesarias para que Pedro Castillo pueda participar en la audiencia desde el penal donde permanece recluido.
En un proceso distinto al de la prisión preventiva que será revisada este 30 de septiembre, Pedro Castillo pidió a la Corte Suprema que le permita declarar el 1 de octubre antes de que se resuelva la inhibición de una magistrada. Este caso corresponde a la apelación que presentó contra la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión.
El exmandatario cuestionó que la sesión prevista para el 23 de septiembre, en la que debía calificarse su recurso de apelación, haya quedado sin efecto luego de que la jueza suprema provisional Araceli Baca Cabrera solicitara apartarse del caso. La Corte Suprema programó para el 1 de octubre la revisión de dicha inhibición.
A través de su cuenta de X, Castillo sostuvo que su apelación permanece en la Corte Suprema desde el 7 de enero de 2026. Señaló que lleva más de ocho meses a la espera de que se revise su recurso y pidió intervenir antes de que los magistrados resuelvan el pedido de apartamiento.
Castillo afirmó que su solicitud busca ejercer su derecho de defensa y ser oído. También citó la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que, según señaló, consideró arbitraria su privación de libertad y recomendó su liberación.
Este expediente corresponde a la condena por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y otras medidas que dieron lugar a su posterior detención. La revisión de esta sentencia es independiente del proceso por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, que será materia de la audiencia del 30 de septiembre.






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