Policía investigado por muerte en protesta busca que caso pase a manos del fuero militar

Wilfredo Oscco Ludeña, suboficial de la Policía Nacional del Perú, procesado por la muerte de Denilson Huaraca Vílchez durante las protestas de 2023 en Andahuaylas, ha solicitado al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que cierre su proceso en la justicia ordinaria y envíe su caso al Fuero Militar Policial.

El pedido, presentado el pasado 22 de julio, se convierte en el primer caso en el que un efectivo policial invoca la recién promulgada Ley 32735 para librarse de los tribunales ordinarios.

Esta solicitud escrito marca un precedente, pues se trata del primer intento formal de un miembro de las fuerzas del orden para acogerse a la Ley 32735, aprobada recientemente, para retirar del Poder Judicial una investigación contra un policía y clasificar su actuación durante las protestas como un "delito de función" bajo la justicia castrense.

En el recurso presentado ante el tribunal civil, la defensa del agente argumenta que los hechos ocurrieron mientras cumplía órdenes para desbloquear vías durante un estado de emergencia, por lo que exige la aplicación de la nueva norma.

“El recurrente viene siendo procesado por hechos que representan cumplimiento de función y estos se dieron bajo el marco jurídico del Estado de Emergencia”.

Bajo este marco legal, el abogado del imputado solicita al juez ordinario archivar la investigación penal iniciada por la Fiscalía común en un plazo no mayor a 30 días, anulando las medidas cautelares vigentes y transfiriendo las actuaciones al fuero castrense. "Se emita el Auto de Transferencia de Competencia al Juzgado Penal Militar Policial Competente".

Frente a esta solicitud, especialistas han advertido sobre el peligro que representa trasladar casos de violaciones a derechos humanos hacia tribunales integrados por los propios miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía.

Una herramienta para la impunidad

Al ser consultado sobre el alcance de este pedido y el uso de la nueva legislación por parte de la defensa, el abogado Carlos Rivera, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó la solicitud al favorecer la impunidad en este tipo de casos.

"Este pedido busca sacar del fuero común una investigación por violaciones a los derechos humanos para llevarla a un fuero que no garantiza independencia. La Ley 32735 está siendo utilizada como una herramienta para generar impunidad en los casos de las protestas".

En esa línea, Rivera indicó que la norma amplió la figura del delito de función para abarcar cualquier operativo en estado de emergencia, hecho que perjudica encontrar la justicia a los familiares de las víctimas.

"La ley permite un pedido tan fuera de la norma e inconstitucional como el que se ha hecho. Esta legislación crea nuevos mecanismos que imposibilitan a los familiares obtener justicia pronta. Lo que quieren es un fuero complacente, como lo fue la justicia militar en el pasado en casos como Acomarca o del Grupo Colina, donde actuó como una pantalla de impunidad. La justicia no está para ser amiga de nadie. Lo único que le queda a las víctimas es que los jueces inapliquen esta norma por ser abiertamente inconstitucional".

Además, al evaluar los mecanismos de control que tiene el juez frente a este pedido y el alcance de la ley, el abogado Carlos Rivera advirtió sobre la falta de sustento técnico de la solicitud, pues no se tiene conocimiento de un proceso previo en la vía castrense.

"La defensa de este policía ha planteado una declinatoria de competencia para que el Poder Judicial entregue el proceso a la justicia militar. Pero ahí hay un problema, porque no tenemos conocimiento de que exista un proceso abierto en la vía militar que permita hacer un pedido de esa naturaleza".

Leyes "pro-impunidad" y ataque a la democracia

Por su parte, Julissa Mantilla, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comparte la postura sobre la inconstitucionalidad de la medida y coincide en que este pedido era un escenario totalmente previsible tras la aprobación del marco legal.

"Esta ley sobre delito de función no debe verse de forma aislada, sino dentro de un paquete que yo llamo 'leyes pro-impunidad'. (…) Era evidente que esta norma se estaba dando para beneficiar a acusados por violaciones a los derechos humanos y pasarlos al fuero militar”.

Además, agregó que la Corte IDH ha establecido de forma reiterada que las afectaciones a civiles jamás pueden ser tratadas bajo la jurisdicción castrense.

La especialista señaló también que ordenar el archivo o traslado de investigaciones en plazos breves atenta contra las garantías del debido proceso y la independencia de poderes.

"Esta ley no solo amplía la noción de delito de función, sino que le da la potestad al Fuero Militar de ordenarle al Fuero Civil que le entregue las causas. Eso nos lleva a la destrucción de los rezagos democráticos (…) No puede ser que el Congreso, por iniciativa de Fuerza Popular, decida aprobar una norma inconstitucional y el juez deba aplicarla”.

Mantilla detalló que quien dispone cómo debe fallar la justicia son los jueces, quienes además tienen el deber de realizar un control de convencionalidad e inaplicar este tipo de solicitudes.

Sin embargo, para la experta, existen represalias y persecución de fiscales y jueces que han inaplicado este tipo de leyes inconstitucionales.

“Han hecho lo correcto y la represalia que están sufriendo es la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia”.

Adicionalmente, Mantilla felicitó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien en un discurso recordó que la justicia no puede depender del poder ni de las influencias.

Presentan proyecto para derogar "leyes pro crimen"

La bancada de Ahora Nación presentó un proyecto de ley, impulsada por el diputado César Augusto Holguín Loaiza, donde plantea la derogación integral del marco normativo catalogado por diversos sectores como "leyes pro crimen".

El proyecto de ley busca restablecer las capacidades operativas e investigativas del Estado en la persecución de la corrupción, la minería ilegal, las redes criminales y los abusos a los derechos humanos, restituyendo los textos originales del Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado que regían antes de las recientes reformas aprobadas por el Congreso.