
Ollanta Humala sale de Barbadillo. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso su excarcelación este viernes, en cumplimiento de la sentencia 169/2026 del Tribunal Constitucional. El fallo declaró fundado el hábeas corpus del expresidente y anuló todo el proceso penal en su contra por lavado de activos agravado. La condena de 15 años dictada en abril de 2025 quedó sin efecto. El juzgado ordenó al INPE ejecutar la salida "en el día y bajo responsabilidad".
Tras su salida, el exmandatario se dirigió a la prensa con la voz entrecortada y denunció una persecución en contra de su familia, partido político y su persona. “Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, mencionó.
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Además se declaró inocente de las acusaciones en su contra e hizo referencia a la situación actual de su familia. “Jamás hemos cometido delito alguno, nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (…) Han hecho que tenga que haber asilado a mí esposa y sacar a mis hijos del país”, dijo.
Humala calificó su encierro como un secuestro por parte del Estado, alegando que los juicios en su contra fueron por su gestión frente al Ejecutivo y la ideología de su partido. “El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado (…) Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, por nuestra ideología política (…) Tiene que haber justicia para esta situación. No nos van a vencer”, recalcó.
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El expresidente Ollanta Humala llegó hasta su domicilio donde, según indicó, lo esperaban su suegra y su hijo menor. Humala pidió que lo dejen encontrarse con su esposa Nadine Herida quien se encuentra asilada desde abril del año pasado en Brasil.
“En estos momentos están mi suegra y ha venido mi menor hijo. Déjenme reencontrarme con mi familia pero algo quiero aclarar: la sentencia del Tribunal Constitucional que se nos ha dado nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y de mi hijo fue la correcta”, indicó.
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El exmandatario calificó al Equipo Especial Lava Jato como “sicarios” y denunció que usurparon funciones durante su juicio. “El Equipo Especial Lava Jato nos persiguieron, usurparon funciones del Poder Judicial y de la ONPE y criminalizaron aportes de campaña (…) Esos sicarios del grupo especial tenían que atraparnos y destruirnos como sea”, dijo.
Ollanta Humana volvió a calificar su encierro de ilegal y pidió al Estado disculparse: "Me quitaron mi libertad de manera ilegal. El Estado nos debe una disculpa. Espero que la justicia reflexione y permita que mi esposa regrese".
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El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Ollanta Humala y ordenó la nulidad de todo el proceso penal que lo tenía preso por lavado de activos agravado. La votación no fue unánime: cinco magistrados (Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez) respaldaron el fallo, mientras Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra. La decisión anula tanto las investigaciones preliminares de 2019 como la sentencia de 15 años que un juzgado le impuso el 29 de abril de 2025, y ordena a la Fiscalía archivar el caso.
La mayoría del TC sustentó su fallo en que a Humala se le atribuye haber recibido dinero de origen sospechoso para sus campañas de 2006 y 2011, pero el tipo penal usado para condenarlo recién se incorporó a la ley en noviembre de 2016, por lo que aplicárselo retroactivamente vulnera la Constitución. El Tribunal añadió que tampoco quedó demostrado con claridad cuál fue el delito original que generó ese dinero ni que Humala supiera, en su momento, que provenía de una fuente ilegal.
Los votos en contra cuestionaron tanto la forma como el fondo. Pacheco Zerga argumentó que las resoluciones cuestionadas no afectaban directamente la libertad de Humala y que la Corte Suprema siempre encuadró los hechos en un delito preexistente desde 2002. Monteagudo Valdez, por su parte, señaló que la apelación contra la condena de 2025 aún estaba en trámite ante otro tribunal cuando el TC intervino, lo que —a su juicio— invadió una competencia que correspondía a la justicia penal ordinaria.





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