Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida de detención preliminar de 15 días impuesta contra Lita Ferreyra Ahuanari, ex precandidata a diputada por Fuerza Popular, y otros cinco investigados por supuestamente integrar la presunta organización criminal 'Los Peluches’ dedicada al tráfico ilícito de fauna silvestre.

Los demás investigados son: Milagros Ferreyra Ahuanari, Francisco Ferreyra Ahuanari, Carlos Antonio Tello Ferreyra, Néstor Pérez Fachin y Gróbel Jesús Panaifo Pacaya. Los dos primeros son hermanos de la ex precandidata a diputada.

Todo inició cuando el último 2 de julio, el 5to Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado en parte el requerimiento realizado por la Fiscalía y ordenó la detención preliminar contra los referidos por los presuntos delitos de organización criminal, contrabando y tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.

La defensa de las hermanas Ferreyra Ahuanari y Carlos Tello interpuso un recurso de apelación contra la orden judicial solicitando que revoque y declare infundado el pedido fiscal. Además, pidió que se declare la nulidad por “vulnerar el derecho a la debida motivación, principio de proporcionalidad e imputación necesaria”.

Defensa de Lita Ferreyra alega falta de pruebas

Sobre Lita Ferreyra menciona que se le atribuye un rol de "soporte financiero y logístico" dentro de la presunta organización criminal “basándose en una calificación genérica”, pues no se identifican operaciones financieras, movimientos bancarios, transferencias de dinero ni actos de coordinación logísticos concretos.

Tampoco se individualizan fechas, lugares, montos ni personas específicas con las que la ex precandidata a diputada habría interactuado para cumplir dicho rol.

En ese sentido, considera que la imputación fiscal no es concreta y no presenta actos objetivos sobre el supuesto rol de Lita en la presunta organización criminal.

También señaló que la Fiscalía alegó el peligro de fuga basándose únicamente en la gravedad de la pena y que es “natural” que la persona huya. Pese a ello, sostiene, el juez se adhirió a ello y no explicó cómo los elementos de convicción superan el estándar para restringir la libertad.

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