Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida de detención preliminar de 15 días impuesta contra Lita Ferreyra Ahuanari, ex precandidata a diputada por Fuerza Popular, y otros cinco investigados por supuestamente integrar la presunta organización criminal 'Los Peluches’ dedicada al tráfico ilícito de fauna silvestre.

Los demás investigados son: Milagros Ferreyra Ahuanari, Francisco Ferreyra Ahuanari, Carlos Antonio Tello Ferreyra, Néstor Pérez Fachin y Gróbel Jesús Panaifo Pacaya. Los dos primeros son hermanos de la ex precandidata a diputada.

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Todo inició cuando el último 2 de julio, el 5to Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado en parte el requerimiento realizado por la Fiscalía y ordenó la detención preliminar contra los referidos por los presuntos delitos de organización criminal, contrabando y tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.

En vista de ello, la defensa de las hermanas Ferreyra Ahuanari y Carlos Tello interpuso un recurso de apelación contra la orden judicial solicitando que revoque y declare infundado el pedido fiscal. Además, pidió que se declare la nulidad por “vulnerar el derecho a la debida motivación, principio de proporcionalidad e imputación necesaria”.

Defensa de Lita Ferreyra alega falta de pruebas

Sobre Lita Ferreyra, la defensa menciona que se le atribuye un rol de "soporte financiero y logístico" dentro de la presunta organización criminal “basándose en una calificación genérica”, pues no se identifican operaciones financieras, movimientos bancarios, transferencias de dinero ni actos de coordinación logísticos concretos.

Tampoco se individualizan fechas, lugares, montos ni personas específicas con las que la ex precandidata a diputada habría interactuado para cumplir dicho rol.

En ese sentido, considera que la imputación fiscal no es concreta y no presenta actos objetivos sobre el supuesto rol de Lita en la presunta organización criminal.

También señaló que la Fiscalía alegó el peligro de fuga basándose únicamente en la gravedad de la pena y que es “natural” que la persona huya. Pese a ello, sostiene, el juez se adhirió a ello y no explicó cómo los elementos de convicción superan el estándar para restringir la libertad.

Otros argumentos

Por otro lado, la defensa argumento errores en la redacción de la resolución “como referirse a "ocho (11) investigados", "diecisiete (15) inmuebles" (cuando el número en cifras es 15) y "seis (5) vehículos", lo cual evidenciaría el uso de plantillas estandarizadas sin una revisión rigurosa de los hechos.

También, sostiene que el juzgado no realizó un examen crítico e individualizado de los elementos de convicción para cada investigado y solo repitió lo presentado por la Fiscalía.

Dicha falta de delimitación en la resolución provocó que el Ministerio Público incaute bienes, como joyas, que no estaban individualizados ni específicamente autorizados en el mandato judicial.

Además, sostiene que se emplean “frases genéricas y fórmulas estereotipadas para justificar la restricción de la libertad y la inviolabilidad del domicilio”.

“La resolución no exterioriza las razones objetivas ni los actos concretos que vincularían a sus patrocinados con la organización criminal, y que se incurre en uso de presunciones genéricas sobre el peligro de fuga, para fundamentar la gravedad de la pena como una "acción natural de todo ser humano" para huir, convirtiendo una hipótesis en una presunción general que vacía de contenido el análisis del peligro procesal”, se lee.

Sobre el caso

La Fiscalía sostiene que la presunta organización criminal opera desde el 2023 y es liderada por Milagros Ferreyra Ahuanari, llamada como "Milagros", "Milo" o "La Jefa", quien “dirige, planifica y financia las actividades ilícitas”. Francisco Ferreyra Ahuanari ‘Panchin’ cumple el rol de lugarteniente y los demás miembros tienen roles como acopiadores, transportistas y responsables del soporte logístico y documental, como: Lita Lisenia Ferreyra Ahuanari y Néstor Pérez Fachin.

Según la hipótesis fiscal, las supuestas operaciones de la organización abarcan las regiones de Loreto y Lima, con exportaciones internacionales dirigidas principalmente a mercados asiáticos como China, Hong Kong, Taiwán e Indonesia, así como a los Estados Unidos.

El primer paso, explican, era la adquisición ilícita de especies provenientes, en mayor medida, en zonas aledañas a la Reserva Nacional Pacaya Samiria en Loreto. Luego, se trasladaban los animales a centros de acopio ubicados en Iquitos y Lima. Después, de forma fraudulenta se acreditaba que las especies habían nacido en cautiverio en zoocriaderos autorizados. Finalmente, eran enviados al extranjero eludiendo controles aduaneros.

Al respecto, la defensa de las hermanas Ferreira Ahuanari y Carlos Tello Ferreira señalan la ausencia de individualización de los supuestos delitos, pues sostiene que "sus clientes “solo son mencionados por terceros en escuchas telefónicas sin participación directa en los hechos”.

Además, califica de ilógica la decisión judicial, pues las constataciones policiales y la ficha RENIEC confirman que los imputados poseen un sólido arraigo domiciliario, familiar y laboral en la ciudad de Iquitos.

Parte del audio al que hace referencia la defensa fue presentado en una entrega de La República. En la conversación se escucha una coordinación entre un traficante de especies y las investigadas para obtener ejemplares de lagartos y tortugas.