"Estamos regresando a los 90": rechazan ley que pretende apartar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados de Lima

Luego de que el Congreso aprobara la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú —incorporando una disposición para que las personas que tienen prohibido ocupar cargos públicos no puedan formar parte de la directiva ni dirigir colegios profesionales—, distintas figuras cuestionaron la norma y aseguraron que esto tiene un solo propósito: apartar a la exfiscal Delia Espinoza de su cargo como decana del Colegio de Abogados de Lima. Para algunos, esto sería el inicio de una persecución propia de la dictadura fujimontesinista.

Tal es el caso de la congresista Susel Paredes. La candidata a la alcaldía de Lima por el partido Ahora Nación señaló que la ley cuenta con elementos que desnaturalizan cualquier intención democrática.

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“Se acaba de publicar la Ley que crea el Colegio de Artistas Profesionales, no solo es una Ley discriminadora sino antidemocrática, pues su único objetivo es ir en contra Delia Espinoza. Estamos regresando a los 90 donde la persecución y la venganza era la forma de hacer política”, indicó a través de su cuenta de X.

Héctor Acuña, congresista de la bancada Honor y Democracia, señaló también que esta ley no tiene ninguna otra razón de ser más que continuar el acoso político a la exfiscal.

“Esta maniobra no fortalece la institucionalidad ni responde a una demanda de los artistas. Por el contrario, instrumentaliza una norma gremial para afectar la autonomía de los colegios profesionales y abrir el camino a una represalia política contra la Dra. Delia Espinoza”, señaló en la misma red social.

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¿Qué pretende la ley aprobada contra Delia Espinoza?

La norma que el Congreso impulsó y que podría ser utilizada para intentar apartar a Delia Espinoza del decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL) fue promulgada el 13 de junio. Se trata de la Ley 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú e incorpora una disposición que impide integrar o dirigir colegios profesionales a quienes se encuentren inhabilitados para ejercer funciones públicas.

La promulgación estuvo a cargo del presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, debido a que el titular de la Mesa Directiva, José María Balcázar, no observó ni publicó la autógrafa dentro del plazo establecido por ley. De esta manera, la norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y quedó vigente.

No obstante, el abogado César Azabache advirtió previamente que el Congreso carece de competencias para intervenir en el Colegio de Abogados de Lima, al tratarse de una institución de carácter privado. Asimismo, sostuvo que la disposición no podría aplicarse a una gestión que ya se encuentra en curso, por lo que descartó que tenga efectos sobre el actual periodo de gobierno de Espinoza.

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Congreso persigue a Espinoza: ¿Cómo fue suspendida la exfiscal?

Durante su gestión como fiscal de la Nación, Delia Espinoza protagonizó uno de los enfrentamientos más directos entre el Ministerio Público y el Congreso en los últimos años. Presentó la denuncia constitucional 549 contra 11 congresistas por presunta negociación incompatible, al considerar que aprobaron un dictamen sobre pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que les permitía recibir simultáneamente su doble sueldo, tanto como legisladores como su pensión como exmilitares o expolicías.

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La respuesta del Congreso no tardó en llegar. Un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sustentado por Jorge Montoya —uno de los investigados—, señaló que Espinoza habría cometido abuso de autoridad y prevaricato. Además, sostuvo que la denuncia vulneraba el artículo 93 de la Constitución, que protege a los congresistas de ser responsabilizados por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones.

Posteriormente, la Comisión Permanente aprobó con 16 votos a favor y cuatro en contra un informe que recomendaba inhabilitar a Espinoza por 10 años para ejercer cargos públicos. Aunque las acusaciones por abuso de autoridad y prevaricato fueron archivadas por falta de elementos suficientes, se concluyó que existían infracciones constitucionales. Finalmente, el Pleno aprobó la sanción con 70 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Espinoza rechazó la medida y la calificó como una represalia, advirtiendo que los actuales congresistas "todavía no se dan cuenta de que se van a ir tarde o temprano".