Multa por no votar en la segunda vuelta presidencial: revisa cuánto pagarás si faltas el 7 de junio

Miles de peruanos terminaron la jornada electoral del pasado 12 de abril con dudas sobre las multas aplicadas por no acudir a votar. Ahora, con miras de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, en la que competirán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el tema vuelve a cobrar relevancia, ya que el voto es obligatorio para todos los electores habilitados.

Durante la primera vuelta, las sanciones económicas fueron impuestas a quienes no acudieron a sufragar sin presentar una justificación válida, lo que generó múltiples consultas sobre los montos y los criterios establecidos por las autoridades electorales. Por ello, resulta importante conocer cuánto se pagó en la primera jornada y cuáles serán las reglas que se aplicarán en esta nueva etapa del proceso electoral.

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¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito en el que vota cada ciudadano:

• En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
• En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
• En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se realiza de manera automática tomando como referencia la información del INEI y el domicilio consignado por el ciudadano en su documento de identidad.

¿Se aplicará multa en la segunda vuelta del 7 de junio?

Sí. En la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el voto también es obligatorio, por lo que los ciudadanos que no acudan a sufragar y no acrediten una causa justificada estarán sujetos al pago de una sanción económica.

Esto implica que las multas continuarán aplicándose bajo los mismos criterios establecidos para la primera vuelta, a menos que las autoridades electorales adopten algún cambio en la normativa.

¿Qué pasa si no pagas la multa por no votar?

No cancelar la multa electoral puede acarrear una serie de limitaciones administrativas. Entre las principales consecuencias figuran:

• Impedimentos para realizar trámites en entidades públicas
• Dificultades para acceder a servicios del Estado
• Problemas en procesos administrativos oficiales

Por esa razón, las autoridades aconsejan ponerse al día con esta obligación cuanto antes, a fin de evitar posibles contratiempos administrativos.