Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos por crímenes de odio del MRTA

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso esta tarde 18 meses de prisión preventiva contra el cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos. La medida se dicta en el marco del proceso por el caso "Las Gardenias" y otros crímenes de odio cometidos contra la comunidad LGTBIQ+ en la región San Martín, bajo la supuesta política de "limpieza social" de la organización terrorista.

El juez Lolo Fernando Valdez Pimentel declaró fundado el requerimiento fiscal que solicitó 18 meses de prisión preventiva, argumentando que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Polay Campos con los delitos de asesinato y terrorismo agravado. Esta decisión es crucial dado que el líder terrorista tenía prevista su excarcelación para el 3 de enero de 2026, tras cumplir una condena de 35 años.

El próximo 26 de noviembre se realizará una nueva audiencia donde se tocará el pedido de cadena perpetua por parte de la Fiscalía contra Polay Campos. Esta misma pena ha sido requerida para María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados en calidad de autores mediatos y en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos por los asesinatos cometidos contra miembros de la comunidad LGTBI, entre 1989 y 1992, en San Martín.

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La tesis fiscal y el caso Las Gardenias

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que el MRTA, bajo el liderazgo de Polay Campos (alias "Camarada Rolando"), implementó lineamientos políticos destinados a la eliminación de grupos que denominaban "lacras sociales", incluyendo a homosexuales, trabajadoras sexuales y delincuentes comunes, con el objetivo de construir al "hombre nuevo".

Entre los hechos imputados destaca la masacre ocurrida el 31 de mayo de 1989 en el bar "Las Gardenias", en Tarapoto. Según la investigación, un comando del MRTA ingresó al local, sacó por la fuerza a ocho ciudadanos —entre ellos Max Pérez Velásquez y César Marcelino Carbajal Aliaga— y los ejecutó con armas de fuego.

La Fiscalía también imputó otros asesinatos selectivos, como el secuestro y muerte de Luis Alberto Pinchi Vásquez, conocido como "Fransua", y de Salomón Pérez Armas, alias "Pacharaco", ambos ultimados por su orientación sexual en 1990 y 1992, respectivamente.

Argumentos de la defensa y decisión judicial

La defensa de Polay Campos rechazó las acusaciones, alegando que la denominada "limpieza social" nunca fue una política oficial del Comité Central del MRTA y que los crímenes fueron actos autónomos de mandos medios. Asimismo, argumentaron que el investigado ha purgado casi 35 años de cárcel y cuenta con arraigo familiar a través de sus hermanos y su conviviente.

Sin embargo, el juez Valdez Pimentel desestimó estos alegatos, señalando que, como líder de una organización jerarquizada, Polay Campos responde como autor mediato por el dominio de la organización. El magistrado consideró que existe un peligro de fuga inminente, dado el antecedente de su evasión del penal en 1990 y la gravedad de la pena probable (cadena perpetua) por tratarse de delitos de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles.

Con esta resolución, Víctor Polay Campos continuará recluido en la Base Naval del Callao mientras se desarrolla la etapa de juicio oral por estos nuevos cargos.