Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Un jubilado cuyos ingresos mensuales provienen de trabajos eventuales y el gerente de una empresa de transporte con ingresos máximos de S/5 mil al mes, aportaron en total más de S/27 000 en efectivo a la campaña electoral de Keiko Fujimori el 2021. Además de que la Fiscalía de Lavado de Activos advierte que sus aportes no coinciden con su capacidad económica, estos fueron fraccionados y continuos durante un mes, lo que evidenciaría un patrón típico de "smurfing" (pitufeo).

Se trata de Alejandro Saldarriaga y Edwin Tuesta, el primero realizó 17 depósitos y el segundo 10. En total ambos realizaron 27 aportes equivalentes a S/ 27,350.00 entre febrero y marzo de 2021. Esta secuencia de aportaciones llama la atención por dos cosas. Según la Fiscalía, los contribuyentes no tendrían los medios económicos necesarios para brindar la cantidad que se les atribuye y los aportes se realizaron de manera fraccionada lo que evidencia un patrón típico de pitufeo, maniobra usual para evitar los umbrales de bancarización.

En tan solo un mes, tanto Saldarriaga como Tuesta realizaron aportes entre S/500 y S/1,100. Para el despacho de la fiscal Manuel Villa "este patrón irregular evidencia una dinámica de aportación atípica, que carece de naturalidad económica y no se condice con una conducta espontánea, voluntaria o razonable de colaboración partidaria". Además, se trataría de una "estrategia deliberada para disimular el origen del dinero".

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Ciudadanos habrían sido usados como prestanombres

Tampoco existiría, según la tesis fiscal, "justificación económica visible" teniendo en cuenta los ingresos de ambos contribuyentes.

Alejandro Saldarriaga declaró ser gerente de una empresa de transportes, con ingresos entre S/ 4,500.00 y S/ 5,000.00 mensuales, pero no presentó documentación que respalde esa capacidad económica, y "sus declaraciones patrimoniales resultan inconsistentes con el volumen de aportes registrados". Él figura como aportante de S/18,350.

Por su parte, Edwin Tuesta Vásquez, jubilado desde 2020, señaló que sus ingresos eran informales y fluctuaban entre S/ 2,000.00 y S/3,000.00 mensuales. A pesar de ello, figura con diez aportes por un total de S/ 9,000.00, lo cual resultaría inverosímil dado su perfil económico. La investigación sostiene que "una persona en situación de retiro laboral y sin fuente de renta estable pueda disponer de esa cantidad de dinero en efectivo, de forma reiterada, para fines políticos".

Por esto, concluye que ambos no acreditaron capacidad económica ni respaldo documental que justificara tales aportes, por lo que "habrían actuado como testaferros o frentes prestanombres".

Aportantes que niegan haber contribuido

A parte de haber identificado a dos presuntos prestanombres, el despacho de Manuela Villa ubicó a un grupo ciudadanos atribuidos como aportantes, pero que niegan haber contribuido. Ambas irregularidades tendrían el objetivo de encubrir la fuente real de S/1'309,770.00, canalizado al interior del partido entre el 1 de septiembre de 2020 al 30 de julio de 2021.

De esa cifra, el partido solo reportó oficialmente ante la ONPE un gasto de S/1'286,058.00 y presentó una lista de aportes para justificar el origen. En esa lista un total de nueve personas fueron incluidos como aportantes en especie por un total de S/38 500 entre junio y julio de 2021, sin embargo, al ser consultados negaron haber aportado. Un aporte en especie hace referencia a la entrega de un bien o servicio (no efectivo).

Ellos son: Fabiola Merchor (S/11, 000); Katherin Torres (S/5,500); Omar Moreyra (S/3,300); Roberto Alarcón (S/1,100); César Labajo (S/1,100); Aparicio Almeida (S/1,100); Fredy Rojas (S/1,100); Stephan Reusche (S/3,200) y Jorge Gastelu (S/1,100).

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Aportes en especie

Por mencionar algunos casos, en sus declaraciones testimoniales, Roberto Alarcón, Aparicio Almeida, Omar Moreyra y César Labajo indicaron expresamente que no realizaron ningún tipo de aporte al partido (ni dinero ni bienes). Incluso, Jorge Gastelú dirigió una comunicación formal a la ONPE negando todo aporte o autorización.

Ello "genera una sospecha concreta de simulación documental mediante la utilización de sus identidades sin consentimiento para legitimar operaciones económicas encubiertas", indica la tesis fiscal. Sobre todo, teniendo en cuenta que los supuestos aportes en especie no cuentan con bancarización ni registro contable formal ni respaldo documental.