Municipalidad de Lima borra mural conmemorativo de Eduardo Ruiz a un mes de su fallecimiento

La Municipalidad de Lima ordenó el borrado de un mural y altares en homenaje a Eduardo Ruiz justo cuando se cumplía un mes de su muerte durante una movilización en el Centro de Lima. La intervención se realizó el 14 de noviembre y afectó pintadas y objetos que los manifestantes habían colocado en la Plaza Francia, donde recibió el impacto de bala, así como en diferentes puntos del centro de Lima.

Eduardo Ruiz, un rapero de 32 años, murió el 15 de octubre tras recibir un impacto de bala durante una protesta. Si bien un informe pericial del Ministerio Público describió la herida como compatible con una “entrada por rebote”, la familia y colectivos han cuestionado esa versión y reclaman una investigación independiente y exhaustiva. La existencia del peritaje no ha acallado las dudas sobre responsabilidades ni las demandas de justicia pública.

La disputa sobre el mural suma otra arista al caso: mientras los ciudadanos exigen esclarecimiento y sanciones, autoridades municipales y policiales hablan de “recuperación del orden” y “restauración” del centro histórico.

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Un mes sin Trvko: memoria en las calles y una investigación fiscal que no avanza

A un mes del asesinato de Eduardo Ruiz, su familia y colectivos ciudadanos han realizado vigilias, misas, murales y recorridos en las calles para mantener vigente su memoria. Su padre, Roger Ruiz, ha acompañado todas estas actividades y exige avances concretos en la investigación fiscal.

Pese a la presión social, el Ministerio Público mantiene un avance mínimo en la investigación. No ha citado a testigos clave, no ha realizado nuevas diligencias y tampoco ha emitido comunicados públicos sobre el caso. Para los familiares, el silencio fiscal profundiza la sensación de impunidad.

El fiscal Roger Yana —quien recibió la carpeta en la Tercera Fiscalía Penal— se inhibió y pidió que el caso pase a una fiscalía común. Sin embargo, esa otra fiscalía rechazó asumirlo, argumentando que sí se trata de un hecho vinculado a graves violaciones de derechos humanos, por lo que debe permanecer en una fiscalía especializada.

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La defensa legal de la familia, a cargo del estudio Arbizu & Gamarra, reclama que la investigación está siendo fragmentada. Señalan que la carpeta del caso de Renato Ríos, joven herido en la misma movilización en la que murió Ruiz, estaría siendo tramitada por separado, lo que debilita el análisis integral de responsabilidades.

Además, organizaciones de derechos humanos expresan preocupación porque la División de Homicidios de la PNP investiga al suboficial identificado en videos como quien realizó los disparos. Advierten un conflicto de interés, pues la Policía estaría examinando la actuación de uno de sus propios agentes.