Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

El ataque a la popular agrupación norteña Agua Marina, que dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro integrantes de la orquesta, evidenció, una vez más, la falta de estrategias del Gobierno para combatir la criminalidad. El atentado que indignó al país se produjo al promediar las 10:00 de la noche del miércoles, durante una presentación del grupo de cumbia en el Círculo Militar de Chorrillos.

Ahí, presuntos extorsionadores abrieron fuego desde la parte posterior del escenario, hiriendo al músico César More Nizama y al animador Javier Ruiz Julca, además de los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querebalú, y un asistente al evento. De inmediato fueron evacuados al hospital Almenara de Essalud y la clinica Maison de Santé, desde donde se informó que la condición de todos es estable. El último fue dado de alta.

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Luis Quiroga presenta dos heridas de bala: una en el tórax izquierdo y otra en el antebrazo del mismo lado, ambas con entrada y salida. Deberá ser operado. Manuel Quiroga sufrió un impacto de bala en el muslo derecho. Javier Ruiz y César More recibieron impactos de bala en el pecho. Su estado es delicado.

El Ministerio del Interior (Mininter), mientras tanto, no tuvo mejor idea que responzabilizar del hecho a los organizadores del concierto por no contar con las garantías de seguridad. Esto pese a que la grupación había denunciado meses atrás que era objeto de amenazas.

La gravedad del hecho movilizó de inmediato a la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos, a cargo de Luz Vargas Salazar, quien abrió una investigación orientada a identificar a los autores del ataque, bajo los cargos de tentativa de homicidio. Y como parte de la investgación, peritos especializados realizaron el análisis balístico en el lugar del ataque y concluyeron que los delincuentes habían realizado 25 disparos, de los cuales 23 impactaron en el escenario.

Agua Marina ya había sido extorsionada

Con el pasar de las horas se conoció que desde julio de este año, miembros de Agua Marina denunciaron que recibían mensajes y llamadas de extorsionadores, quienes exigían pagos a cambio de “protección” en los conciertos.

Los delincuentes les habrían exigido S/ 30.000 y S/ 50.000, bajo amenazas de muerte. “O pagan o los hacemos volar en el próximo show”, se lee en uno de los mensajes que recibieron los músicos. La denuncia fue presentada ante la PNP y comunicada al Ministerio del Interior, pero, según fuentes cercanas a la orquesta, nunca se les brindó apoyo efectivo ni protección policial.

Pese a tener conocimiento de las amenazas, las autoridades no activaron ningún protocolo de seguridad específico para el evento. No se asignaron efectivos policiales adicionales ni se implementó un plan preventivo a pesar del riesgo.

“Nosotros siempre hemos denunciado las extorsiones, pero no pasa nada. Fuimos con el bus, tranquilamente, pensando que no iba a pasar nada y nos balearon. Menos mal que nosotros estábamos atentos y las balas pasaron cerca de nosotros. Pudo ocurrir una desgracia. En Trujillo, estuvimos en un concierto y nos pusieron explosivos. Esto pasó hasta dos veces”, contó José Quiroga, líder de la agrupación.

En esa línea, el cantante lamentó la respuesta que dio la Policía tras lo ocurrido en Chorrillos, “nunca nos apoyaron y ahora culpan a los organizadores”.

El músico se refiere así al comunicado del sector Interior, según el cual “este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter y la PNP de dicha jurisdicción no fue comunicada”.

Por su parte, la municipalidad de Chorrillos emitió un comunicado en el que aseguró que el evento sí contaba con los permisos tramitados de manera regular.

Esta aclaración dejó sin piso al Mininter y evidenció la inseguridad que reina en los locales donde se realizan espectáculos. Pero lo ocurrido con Agua Marina no es un caso aislado. Cada vez son más los músicos y organizadores de eventos que son extorsionados. Sin embargo, desde el Ejecutivo no hay respuestas y lo señalado por la presidenta Dina Boluarte de “no abrir mensajes ni responder llamadas” resulta una burla.

Esta contradicción deja en duda la versión del Mininter sobre las reales condiciones que se realizó el espectáculo, donde asistieron más de 100 personas.

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Altos oficiales infiltrados

Otra autoridad que de pronto se volvió crítica al Gobierno, es el defensor del Pueblo. Desde el Cusco, Josué Gutiérrez condenó el atentado que sufrió la agrupación musical Agua Marina y advirtió que detrás de este tipo de hechos se encuentran organizaciones criminales dedicadas a la extorsión que operan desde hace años en el país.

Y lo más grave, denunció que “tenemos oficiales de alto mando comprometidos con estas redes criminales. Si hay que sacar a 10 mil o 20 mil policías, que los saquen. No se puede combatir al crimen con instituciones contaminadas”.

Asimismo, señaló que la Defensoría ha identificado fiscales y jueces involucrados en decisiones que favorecen la impunidad. “Personas con antecedentes delictivos recuperan su libertad gracias a decisiones irregulares. Es necesario limpiar el sistema de justicia”.

"Gobierno no asignó recursos para grupo especial contra la extorsión"

Ante este panorama, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que desde el inicio de este gobierno se intentaron tomar acciones que quedaron “básicamente en promesas” y casi ninguna acción que realmente “combata la extorsión”.

“Lo que este Gobierno ha hecho con frecuencia ha sido declarar emergencia en Lima y algunas provincias. Básicamente, eso, creó también una unidad contra la extorsión que estaba extraordinaria, pero nunca le asignaron recursos”, señaló a La República.

Agregó que la receta única y válida para este fenómeno es asignar inteligencia, asignar recursos y adquirir tecnología. “Y nada de eso lamentablemente ha ocurrido. Entonces, sin este grupo especial de crimen organizado, pues van a seguir este tipo de atentados”.

Asimismo, el Gobierno no dota a la policía de recursos económicos, ni personal ni tecnología. Y tampoco ha funcionado el cambio de nombre de los delitos, ni el incremento de penas.

“Lo único coherente que funciona contra la extorsión es hacer trabajo de inteligencia. Mientras el Gobierno no priorice la inteligencia, no reasigne su personal a labores de inteligencia, no fortalezca un grupo especial de lucha contra la extorsión, esta situación va a ir creciendo. A mí no me sorprende lo que ocurre. Es la es una pena decirlo, pero la extorsión está descontrolada”.

A su turno, el también exministro del Interior, Rubén Vargas, calificó la situación como “el mayor desborde criminal de nuestra historia”. Acto seguido, lamentó que, en lugar de fortalecer los sistemas de inteligencia, desactivaran unidades clave y persiguieran a los mejores agentes. Además, sostuvo que en vez de coordinar con la Fiscalía, se dedicaron a montar campañas de desprestigio y demolición institucional.

“Debieron seguir el rastro del dinero sucio de las economías ilegales, pero terminaron siendo parte del problema. Debieron impulsar marcos legales firmes contra el crimen, pero optaron por crear leyes que, en la práctica, benefician a los delincuentes”.

Y mientras las críticas se dan desde todos los flancos, incluso desde los sectores aliados al Gobierno, tres cosas han quedado demostradas: el ataque al grupo Agua Marina unió al país, evidenció la falta de capacidad de la Policía y puso en jaque al Gobierno.