¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible
El último 7 de agosto, Santiváñez solicitó que se realice la supervisión al plazo asignado al fiscal que lo investiga por el presunto delito de negociación incompatible cuando era ministro del Interior.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, solicitó al Poder Judicial ordenar al Ministerio Público concluir con la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de negociación incompatible, en el marco de las investigaciones vinculada a la contratación de Anatoly Bedriñana cuando fue ministro del Interior en la Oficina de gabinete de asesores del despacho ministerial. Bedriñana fue cliente del estudio de abogados de Santiváñez cuando ejercía como letrado y fue condenado en 2019 por del delito de usurpación agravada.
En un documento remitido por su defensa legal el último 7 de agosto, Santiváñez solicitó que se realice un control de plazos a las indagaciones en contra debido a que la Fiscalía habría tenido el tiempo necesario para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
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Asimismo, en el documento se recuerda que el pasado 3 de julio, la defensa legal del exministro del Interior pidió a la Fiscalía que finalice las investigaciones preliminares vinculadas al caso y emita la resolución pertinente.
El pedido fue remitido al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el 1 de septiembre a las 9:30 a.m. la audiencia para evaluar la solicitud de Santiváñez. En dicha citación, las partes expondrán sus argumentos ante el magistrado para tomar una decisión sobre las investigaciones.
El caso
En marzo de este año, un reportaje de Punto Final reveló que al menos 6 funcionarios públicos que ocuparon altos rangos en el Ministerio del Interior fueron representados por el estudio jurídico de Santiváñez.
Entre los tres clientes que figuraban en el Mininter, se encontraba Anatoly Bedriñana Córdova, quien fue condenado a tres años de prisión por el delito de usurpación, tras apropiarse de una propiedad en San Juan de Miraflores. La sentencia del Poder Judicial también ordeno una reparación civil de S/6.000. Sin embargo, los agraviados denunciaron que tal pago nunca se realizó. "Bueno, el señor nunca ha pagado nada. Los que pagaron han sido ellos (los otros sentenciados). Al señor no lo veo", declaró el agravado.
Por ello, el estudio de Santiváñez presentó un recurso de nulidad que fue considerado improcedente. Al año siguiente, volvieron a insistir ante la Corte Suprema, pero tampoco obtuvieron un resultado positivo.
Asimismo, el despacho jurídico de Santiváñez lo defendió en otro asunto vinculado al Puente Tarata, que es una indagación por presunta corrupción en obras públicas durante la administración de Pedro Castillo.
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