Ley de Amnistía permitiría liberación de Daniel Urresti, miembros del Grupo Colina y otros violadores de Derechos Humanos

El Gobierno ha decidido, una vez más, darle la espalda a los derechos humanos. Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, impulsada desde la Comisión de Constitución por su entonces presidente Fernando Rospigliosi y redactada por Jorge Montoya, Dina Boluarte dio el visto bueno definitivo y promulgó la norma. De esta forma, Daniel Urresti, Martín Rivas y otros integrantes del Grupo Colina figuran entre los posibles beneficiarios.

La ley concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa que, entre 1980 y 2000, participaron en la lucha contra el terrorismo y fueron denunciados, investigados o procesados por delitos relacionados con dichas acciones, como ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, otorga amnistía de carácter humanitario a los mayores de 70 años de esos grupos que cuenten con sentencia firme —o en ejecución— por delitos vinculados a la lucha antisubversiva.

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Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó a La República que al menos 300 militares y policías procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos podrían verse beneficiados por esta ley. Ahora la decisión queda en manos de los jueces, quienes deberán determinar su aplicación. Rivera recordó que en 2024, cuando se intentó prescribir los delitos de lesa humanidad a través de la denominada "Ley de Impunidad", la mayoría de magistrados rechazó las solicitudes; según él, podría ocurrir algo similar con esta norma.

"En muchos casos en que se buscaba acogerse a la llamada Ley de Impunidad, solo uno prosperó. En la mayoría, el Poder Judicial resolvió que debía actuarse mediante sentencia, lo que implica que esos pedidos fueron desestimados. Con la Ley de Amnistía es muy probable que ocurra lo mismo, aunque las circunstancias no son idénticas", señaló el abogado especializado en derechos humanos.

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De acuerdo con diversos organismos defensores de derechos humanos, unos 300 militares y policías procesados o sentenciados en unos 726 casos quedarían libres de toda responsabilidad. “No hay una cifra oficial, pero tenemos certeza de que por lo menos 156 casos con sentencia firme y 600 en proceso que quedarían cancelados”, declaró Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Entre los casos que quedarían sin castigo se encuentran las matanzas de Cayara, Accomarca, la desaparición de detenidos en Los Cabitos, de la base militar en Tingo María, la desaparición de 55 estudiantes en la universidad del Centro, la ejecución de 15 campesinos en Santa Bárbara, la tortura y ejecución de 32 personas en la comunidad de Apiza, el abuso sexual contra mujeres, en comunidades del Valle del Tsiriari, distrito de Mazamari, las matanzas de los penales de Castro Castro y El Frontón y todos los crímenes del destacamento de operaciones especiales “Grupo Colina”, que incluyen los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Daniel Urresti podría salir en libertad gracias a esta ley

En abril de 2023, el Poder Judicial condenó a 12 años de prisión al excandidato presidencial y exministro Daniel Urresti como coautor del asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, así como por tentativa de homicidio contra Eduardo Rojas Arce. El tribunal determinó que Urresti participó en el ataque armado y colocó un explosivo sobre el cuerpo de Bustíos. Por tratarse de un hecho enmarcado en el conflicto armado interno y ser militar en retiro, cumple casi todos los requisitos para invocar este beneficio.

Urresti cumplirá 70 años a fines de agosto de 2026, lo que podría permitirle alegar que la ley faculta su liberación, pese a la sentencia firme que pesa sobre él.

"Las leyes de amnistía se concibieron para aplicarse en un momento específico, no para tener vigencia indefinida. Sin embargo, en el Perú parecen interpretarse como permanentes. Si esta ley se entiende así, Urresti, al cumplir 70 años, podría pedir que se le aplique. No considero que sea lo correcto, pero la norma abre la puerta a esa interpretación", advirtió Rivera.

Martín Rivas y los miembros del Grupo Colina

Durante la dictadura fujimorista, las acciones del grupo paramilitar Colina supusieron un duro golpe a la defensa de los derechos humanos. Responsables de masacres como Barrios Altos y La Cantuta, varios de sus integrantes fueron sentenciados por delitos de lesa humanidad.

Martín Rivas, jefe operativo del Grupo Colina, fue condenado en 2010 por la masacre de Barrios Altos, la matanza del Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri. En 2023, junto a Vladimiro Montesinos, recibió otra condena por el asesinato de la exagente de inteligencia Mariella Barreto, y posteriormente fue sentenciado por las masacres de Pativilca y La Cantuta. Actualmente, tiene 67 años y cumplirá 70 en 2027.

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"Si aplicamos el mismo criterio que para Urresti, en dos años podría solicitar su amnistía", indicó Rivera, quien subrayó que este tipo de beneficios deben pedirse caso por caso: "No es que se otorgue amnistía para un caso y automáticamente se extienda a todos; cada proceso debe evaluarse de forma individual".

Por su parte, otros miembros del Grupo Colina también quedan a la espera para salir libres gracias a la ley promulgada por Boluarte. Jesús Antonio Sosa Saavedra, alias 'Kerosene', todavía no podría acogerse a la ley, ya que tiene 66 años. Lo mismo ocurre con Carlos Pichilingue, también condenado y quien, al ser de la misma promoción militar que Martín Rivas, no supera la edad requerida. Ambos fueron sentenciados en 2024 a 18 años de prisión por la masacre de Pativilca.

Accomarca, sin castigo

La Ley de Amnistía fue promulgada el 14 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Accomarca. Ese día de 1985, el entonces subteniente Telmo Hurtado lideró a la patrulla militar que asesinó entre 61 y 69 personas —incluidos mujeres, niños y ancianos— en la localidad ayacuchana.

Tras huir a Estados Unidos, Hurtado fue condenado en 2016 a 23 años de prisión como autor mediato del crimen. Nueve años después de esa sentencia, ahora podría acogerse a la norma firmada por Boluarte. "Es una coincidencia muy triste. En 2018 se confirmó su condena. De cumplir los 70 años, también podría verse beneficiado", advirtió Rivera. Cierto es que ese escenario todavía está muy lejos, Hurtado cumple la edad mínima para acceder a este beneficio en 2031.

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Accomarca podría tener a un beneficiado que apelaría a su avanzada edad. Se trata de Wilfredo Mori Orzo, sentenciado en 2016 a 25 años de prisión tras ser hallado culpable de participar en la planificación de la matanza. Pese a que Mori Orzo fue condenado, no pasó un solo día en prisión. Dándose a la fuga sin mayores pesquisas por parte de la Policía Nacional del Perú. Nacido en 1935, el general en retiro acaba de cumplir 90 años, veinte más de los que exige la Ley de Amnistía para solicitar el fin de la condena.

Pocos días antes de la promulgación de la Ley de Amnistía, la defensa legal de Mori Orzo venía debatiendo en el Tribunal Constitucional la posibilidad de que el retirado militar cumpla lo que quedaba de pena en su contra desde casa. Durante los alegatos, su abogado César Nakazaki aseguró que la sentencia en su contra configuraba una “pena de muerte material” debido a su avanzada edad. El TC aceptó el pedido. Mori Orzo, quien ya está cumpliendo su pena en casa, ahora puede también apelar a la legislación promulgada por Boluarte para librarse de toda pena en su contra.