Susana Villarán: Poder Judicial confirma inicio de juicio oral contra exalcaldesa para el 23 de setiembre

El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, comenzará el próximo 23 de setiembre. El tribunal que estará a cargo del proceso es el mismo que condenó a Ollanta Humala a 15 años de prisión por lavado de activos y estará integrado por los jueces Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa y Wilmer Quispe.

Villarán será juzgada por cinco delitos, incluyendo el presunto lavado de más de 11 millones de dólares entregados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante las campañas del “No a la revocatoria” (2013) y su reelección (2014).

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Juicio oral contra Susana Villarán inicia el 23 de setiembre

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional programó el inicio del juicio oral para las 9 de la mañana del 23 de setiembre y fijó como siguiente sesión el miércoles 24. Además de Susana Villarán, el juicio oral comprenderá a 19 acusados —entre personas naturales y jurídicas—, todos sindicados como parte de una red que habría operado desde la Municipalidad de Lima para captar, canalizar y ocultar fondos ilícitos. La Fiscalía ha convocado a 378 testigos, cuya participación será clave durante las audiencias que inician el 23 de setiembre.

Según el requerimiento fiscal, se trata de un caso complejo de presunto crimen organizado, con múltiples niveles de responsabilidad, estructuras de apoyo externo y uso sistemático de campañas políticas como fachada para el lavado de activos.

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¿De qué se le acusa a Susana Villarán?

El fiscal José Domingo Pérez Gómez ha solicitado 29 años de prisión para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado. Según la acusación, Villarán no solo habría tenido conocimiento de los millonarios aportes recibidos de empresas constructoras, sino que además habría liderado una red criminal desde la Municipalidad de Lima para gestionar y encubrir dichos fondos.

La Fiscalía sostiene que esta red recibió más de 11 millones de dólares de Odebrecht, OAS y Graña y Montero, destinados a financiar la campaña contra la revocatoria en 2013 y su posterior intento de reelección en 2014. Los aportes habrían sido de origen ilícito y se habrían lavado mediante contratos simulados, servicios de comunicación y encuestas que sirvieron como fachada para legitimar el dinero ingresado a las campañas.