Nueva denuncia contra Dina Boluarte: Fiscalía la investiga por contratar a Víctor Torres cuando era ministra de Desarrollo

La Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Esta vez la investigación se centra en la contratación de Víctor Torres, amigo de su hermano Nicanor Boluarte, como proveedor del programa de alimentación escolar Qali Warma cuando Boluarte era ministra de Desarrollo (2021-2022).

Por este hecho, la Fiscalía le imputa el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Boluarte Zegarra "se habría aprovechado del cargo de ministra" para concertar con Víctor Hugo Torres, amigo de la infancia de Nicanor Boluarte, a fin de que sea contratado como proveedor de servicios en el programa Qali Warma.

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Durante el periodo comprendido entre 2021 y 2022, Víctor Torres consiguió contratos por un monto total de 50 mil soles en Qali Warma y País, dos programas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), bajo la gestión de la ministra Dina Boluarte.

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En febrero de 2023, Guido Flores Marchan fue designado presidente del Instituto Nacional del Deporte (IPD) gracias a Nicanor Boluarte. Además, se reveló que otro beneficiado fue Guido Flores Marchan.

“Hablé con Nicanor, le dije que había que mejorar la situación del IPD y hay una propuesta de Guido, es una persona que lo conozco 20, veinticinco años (…) me recibió el CV y me dijo: ‘lo voy a trasladar a Palacio para que ellos lo evalúen’”, dijo.

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Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en protestas

La denuncia constitucional por este caso se suma a la presentada por la Fiscalía de la Nación presentó por tercera vez una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el Congreso, con relación a las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. La acusación, tramitada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también alcanza a los exprimeros ministros Pedro Angulo Arana y Luis Alberto Otárola, así como a los exministros César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.

Según el Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se habría empleado de manera excesiva y desproporcionada la fuerza policial y militar.

Dina Boluarte y sus exministros Alberto Otárola, César Cervantes y otros imputados son acusados de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, de acuerdo con los artículos 122° y 121° del Código Penal, respectivamente. La imputación se basa en dolo eventual y en omisión impropia, es decir, no haber cumplido con su deber de prevenir los actos de violencia durante las protestas sociales en diversas regiones del país.

Según el documento, las autoridades debieron diseñar y aplicar protocolos específicos para proteger la vida y la integridad física de los manifestantes durante protestas públicas. Sin embargo, al incumplir este deber, habrían atentado, de manera directa o indirecta, contra los derechos de los ciudadanos, además de incumplir normas internacionales que obligan al Estado a respetar y proteger estos derechos.