Congreso quiere una prensa servil: aprueban proyecto de ley contra la libertad de expresión

El Congreso continúa con sus ataques a los medios de comunicación y la prensa. Esta vez, escudados en los proyectos de ley 4431 y 6718 que modifican el Código Penal para regular "el ejercicio del derecho de rectificación", el Legislativo intenta someter a la libertad de expresión con un dictamente que en la práctica serviría para amedentrar a los periodistas.

Así lo alertaron organismos internacionales y nacionales, que consideran que existe una vulneración a los principios de la libertad de expresión e información al agravar las penas por delitos de calumnia y difamación sobre investigaciones en curso por la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios.

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"El Congreso de la Republica pretende aumentar hasta cinco años la pena privativa de libertad y hasta los 365 días-multa las sanciones pecuniarias; además, la iniciativa faculta al juez penal a imponer reparaciones civiles a favor del querellante", indicaron en un comunicado conjunto la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana, Asociación Nacional de Periodistas y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

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La autora del texto es la congresista del Bloque Magisterial Katy Ugarte y fue presentada el 9 de marzo de 2023. Entro en agenda del Pleno y aprobada en primera instancia con 37 votos a favor, 23 en contra y 22 abstenciones. Sin embargo, este dictamen fue sometido a votación sin antes ser debtido en el hemiciclo.

Los responsables de aprobar este dictamen que atenta contra la libertad de prensa a través de sus votos fueron las bancadas de Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Bloque Democrático Popular. Por su parte, Fuerza Popular se abstuvo en bloque.

"El proyecto de ley pretende reducir injustificadamente a un solo día el tiempo para antender las solicitudes de rectificación, de siete días previstos en la ley actual. Esto recorta de modo severo y grave los derechos de defensa y al debido proceso. Además, pretende que las rectificaciones se hagan hasta en tres días seguidos, una medida desproporcionada", fue parte de lo que alertaron los organismos internacionales sobre este proyecto de ley.

Esto en relación a la modificación que se pretende del artículo 3 de la Ley 26775 que, con la aprobación del dictamen, establecería que la rectificación en caso de una información considerada por el demandante como "errónea" debe realizarse hasta el día siguiente de recibida la solicitud, en el caso de medios de comunicación de difusión diaria.

Para casos como revistas o semanarios se deberá realizar en la siguiente edición. En medios audiovisuales, además, buscan que la rectificación se realice durante tres días consecutivos o interdiarios.

SIP alerta de hostigamiento de autoridades hacia la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó su visita al Perú alertando sobre la situación de la prensa en nuestro país. Entre los puntos claves constatados está la hostilidad de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros hacia el periodismo, ejerciendo un discurso confrontativo y de acusaciones infundadas, con el afan de desacreditar su labor.

Asimismo, alertaron sobre la actitud del acalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra la prensa crítica, calificándolo de "particularmente intensos" y que coinciden con "campañas callejeras y en redes sociales". Sobre el acceso a la información, evidenciaron existe una obstaculización de parte del Estado hacia el periodismo de investigación, restringiendo su acceso en ceremonias oficiales y espacios públicos.

Además, la SIP enfatizó que la criminalización del periodismo se ha intensificado con demandas de difamación y cartas notariales. Estos mecanismos son usados para silenciar investigaciones sobre corrupción y abuso de poder.

Se evidenció en este contexto un deterioro de las libertades de prensa y de expresión en el país, situación que se agravaría de cara a las elecciones de 2026. Este clima adverso es aún más riesgoso para los medios independientes y periodistas críticos.

Como parte de estas campañas de descrétido hacia la prensa, el SIP alertó un uso sistemático de la desinformación y ataques en redes sociales. La arremetida contra los medios de comunicación afectan, además, el derecho de la ciudadanía a ser informada.