Norma de funcionarios públicos sería usada para copar cargos
Alerta. Ayer venció plazo para que entidades públicas verifiquen aplicación de Ley 31419. Con base en esta normativa cesaron a Soledad Mujica en el Ministerio de Cultura.
Artesanos de Ucayali, Junín, Ayacucho y otras regiones llegaron al frontis del Ministerio de Cultura para dar su apoyo a Soledad Mujica, una de las grandes impulsoras de Ruraq Maki (Hecho a mano), la famosa feria de arte tradicional.
Ella fue despedida por el Ministerio de Cultura para reemplazarla, según quienes la apoyan, con un recomendado del gobierno.
Con carteles y a voces, reconocieron la labor de Mujica en la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, en la que el Perú obtuvo 11 declaratorias de Patrimonio de la Humanidad.
Ante las numerosas muestras de respaldo a Mujica y condenas al despido, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado donde aseguran que Mujica “no cumpliría con los requisitos exigidos por la norma y su reglamento”, pese a los más de diez años en el cargo.
La norma a la que se refieren es la Ley 31419, para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública.
Se sabe que con el nuevo marco legal, es decir, con el reglamento de dicha ley (D.S. 053-2022-PCM), se ha evaluado en los últimos días todas las designaciones de directivos y funcionarios a ver si cumplen los nuevos requisitos.
El plazo para la depuración venció ayer. Precisamente, el ente rector de recursos humanos en organismos públicos, Servir, recordó a las oficinas de recursos humanos ese vencimiento.
Soledad Mujica comentó, en el programa Al vuelo de Raúl Tola, que lo que la Ley 31419 garantiza es la idoneidad del servidor público de libre designación y libre remoción, “es decir, personal de confianza, y este cargo no lo es, por lo que en mi caso se ha procedido en contra del derecho del trabajador, se ha aplicado arbitrariamente una reciente ley que además no se puede aplicar con efecto retroactivo, tengo 11 años de labor y derechos adquiridos”.
Las sospechas contra las acciones del gobierno se explican.
La gestión de Pedro Castillo ya tiene antecedentes de maltratos a funcionarios destacados.
Por ejemplo, en el Consejo Nacional de Salud del Minsa se removió del cargo a Alexandro Saco, quien se enteró por los diarios de su salida cuando se encontraba en plena labor en Tambopata.
Igualmente, una eficiente servidora pública, Amalia Moreno, fue retirada de la dirección ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Ayer mismo, en Normas Legales se dispuso el reemplazo del muy estimado director general de la Escuela de Salud Pública (Ensap), el Dr. José Luis Seminario.
La Red de Estudios para el Desarrollo (RD) señala que en 10 meses de gestión el gobierno acumula 122 funcionarios cuestionados.
La economista y experta de RD, Mónica Múñoz-Nájar, precisa que el reglamento amplió el alcance de la Ley 31419 a directores generales y de línea, y no solo a ministerios sino también a gobiernos locales y órganos desconcentrados, “ordenando los diferentes criterios de las oficinas de recursos humanos”.
En general, opina que es una norma positiva para el sector público, sobre todo para gobiernos regionales y locales. Y advierte que la norma es para el Ejecutivo, pero debe analizarse también para el Legislativo.
“Estamos pagando a un número alto de asesores y al final las leyes que se aprueban no pasan criterios mínimos de calidad”, opina.
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Opinión
Plazo. La experta de RED, Mónica Muñoz-Nájar, opina que en el caso de Soledad Mujica el Ministerio de Cultura debe hacer una consulta a Servir. En su opinión debería haber una flexibilidad, además es la primera vez que se aplica la norma.
Calidad. “En el caso de Soledad Mujica es una profesional con mucha experiencia. Supongo que hay una salida que le puede hallar Servir”, comenta.
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