Cargando...
Política

Allanan vivienda de Vladimir Cerrón en Junín por proceso de lavado de activos

Diligencia. Intervención a casa del exgobernador Vladimir Cerrón en Huancayo fue solicitada por el fiscal Richard Rojas Gómez. Fiscalía también incautó bienes e información relacionada al partido Perú Libre. Cerrón acusa persecución.

larepublica.pe
Medida judicial. Orden de allanamiento e incautación de bienes afectó a dos propiedades, incluida la del exgobernador de Junín Vladimir Cerrón. Foto: Gerardo Marín/La República

Dos inmuebles vinculados a Vladimir Cerrón fueron allanados en la región Junín por orden del Poder Judicial a raíz de la investigación que se sigue contra el dirigente de Perú Libre por el presunto delito de lavado de activos. Personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional intervinieron una casa que antes habitaba el exgobernador en la Urbanización La Rivera 1, en Huancayo. Igual pasó con otro inmueble situado en la Calle Paseo La Breña, en la misma ciudad.

La diligencia, que inició a las 8 a.m., estuvo encabezada por el fiscal provincial Richard Rojas Gómez y fue autorizada por el magistrado John Pillaca Valdez en la última semana, quien conduce el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria y revisa todas las incidencias y solicitudes del Ministerio Público en dicha investigación.

Según la orden dada, la medida también abarcó la incautación de bienes, documentos y soportes tecnológicos que permitan a la Fiscalía analizar información financiera y contable para la investigación como el libro de inventario y balances del partido Perú Libre desde el año 2008 al 2021, el libro de caja y bancos también correspondiente al mismo periodo y registro de compras.

El otro inmueble que se allanó corresponde a Reynaldo Misayauri Cañari, quien según el Ministerio Público sería un colaborador y allegado al partido político Perú Libre.

“La Fiscalía allana por segunda vez mi domicilio en ausencia de sus propietarios y una oficina de la que no soy dueño y ellos lo saben porque los propietarios se lo demostraron así en el primer allanamiento. Un abuso y una persecución sin límites en busca de lo inexistente”, sostuvo Cerrón por Twitter al conocer la medida en su contra.

Es la segunda vez que se allana el domicilio de Cerrón. La primera vez sucedió en agosto de 2021 y afectó en total a siete inmuebles, en el que figuraba el de Cerrón. El exgobernador de Junín cambió su domicilio a Lima y, si bien la Fiscalía del caso Antalsis se ha opuesto a ello por transgredir supuestamente sus reglas de conducta, el cambio de su dirección a Lima todavía no es confirmada en segunda instancia.

Hipótesis fiscal

El fiscal Richard Rojas Gómez abrió investigación a Cerrón y a Perú Libre a mediados del 2021. Desde entonces se postuló que la organización política había sido utilizada para “blanquear” dinero ilícito proveniente de las actividades delictivas de ‘Los Dinámicos del Centro’, red criminal que habría liderado Cerrón en Junín para tramitar brevetes y permisos de conducir a cambio de sobornos, además de gestionar puestos de trabajo para sus allegados y a militantes de Perú Libre en el Gobierno Regional.

Además, según la tesis del fiscal Rojas, Perú Libre habría tenido dos objetivos: el financiamiento ilegal de la misma organización en sus futuras campañas (como la presidencial de Pedro Castillo el 2021) y solventar los gastos, pagos, servicios y otros temas económicos relacionados con las investigaciones que afronta aparte Vladimir Cerrón.

En la investigación preliminar que comenzó el 30 de junio del 2021, también fueron incluidos la madre de Cerrón, Bertha Rojas Cáceres, así como el fugaz exembajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas García. Este último tiene impedimento de salida del país.

Fiscalía accederá a computadoras

Una de las últimas decisiones a favor de la Fiscalía fue la del pasado 18 de mayo. En esa ocasión, un tribunal de segunda instancia confirmó el acceso a tres computadoras de Vladimir Cerrón y dos del partido político Perú Libre. Todo este material había sido incautado en el allanamiento que dirigió el fiscal Rojas Gómez en noviembre del 2021.

Cerrón sostuvo que se vulneraba el derecho a la intimidad, pero el tribunal de apelaciones sostuvo que no había tal falta y confirmó los accesos a sus dispositivos.