El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó un informe que advierte sobre las consecuencias de las modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), cambios admitidos en la sesión descentralizada del Congreso que se desarrolló el jueves 28 de octubre en la ciudad de Cajamarca.
El informe elaborado por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP) alerta que la modificación sobre la ley de partidos políticos generará consecuencias directas en el ROP, que se reflejarán en el desborde y la sobrecarga de expedientes a recibirse para su resolución.
Asimismo, señala que la disposición que ordena no efectuar la suspensión y cancelación de una organización política en el ROP por incumplimientos de requisitos mínimos generará el debilitamiento de la democracia y vulnerará la exigibilidad de un filtro electoral. Cabe mencionar que con el dictamen recientemente aprobado los partidos podrán funcionar con una cantidad exigua de afiliados o de comités partidarios.
Por otro lado, el pleno del JNE reparó en la iniciativa legislativa que pretende ampliar el plazo de afiliación y renuncia de las organizaciones políticas al 5 de enero de 2022. Advirtió que esa extensión de la fecha no sería la primera, pues la Ley 312721 había determinado el plazo legal para el pasado 3 de octubre de 2021.
“Esto, pues, no hace más que notar la ausencia de seriedad y compromiso que deberían tener las organizaciones políticas frente a un eventual proceso electoral, y lo que no contribuye al fortalecimiento de la democracia”, fue el pronunciamiento del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, opinaron que “se habilita a que las organizaciones políticas no cumplan con los plazos legalmente establecidos, que implica no respetar la institucionalidad que reviste un proceso electoral”.
Ante ello, el pleno del JNE acordó por mayoría aprobar el contenido del informe de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas y encargar a la Secretaría General que remita el documento a la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.