Defensa de Vladimir Cerrón pide excluir a fiscal Richard Rojas en caso de lavado de activos

El fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha solicitado, a través de su defensa, excluir al fiscal Richard Rojas Gómez del caso que se le sigue por presunto lavado de activos. El exgobernador regional de Junín está siendo investigado por un supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido del lápiz.

La abogada que defiende a Cerrón Rojas se llama Claudia Chatpman Rodríguez. La letrada ha interpuesto una queja contra el fiscal, la misma que será elevada al coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, según informó El Comercio.

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Entre sus argumentos, Chatpman Rodríguez esboza que el fiscal Rojas no habría “motivado” su decisión de acumular una investigación que se vio en una fiscalía de Junín. Además, señala que no habría imparcialidad.

“Que, por las razones explicitadas en el principal, solicitamos que se reasigne la presente investigación preliminar a otro fiscal provincial, toda vez que el actual ha ejercido indebidamente sus funciones y responsabilidades que le asisten, como tal, por lo que adolece de la imparcialidad que se exige en cualquier investigación preliminar”, reza el documento.

“En ese sentido, pedimos que (Richard Rojas Gómez) sea excluido por haber vulnerado manifiestamente el debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia”, se agrega.

Incluyeron a Dina Boluarte en investigación de lavado de activos

Este pedido de Vladimir Cerrón se presenta días después de que la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, haya sido incorporada en la mencionada investigación por presunto lavado de activos.

El fiscal Rojas también sumó a la indagación al viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, quien aparentemente estaría comprometido en la recaudación del dinero ilícito.

Las evidencias señalan que ambos funcionarios del Gobierno abrieron una cuenta mancomunada en el Banco de Crédito del Perú (BCP), donde se recolectaban los aportes de trabajadores del Gobierno Regional (GORE) de Junín. Los empleados que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) tenían la obligación de depositar S/ 100 mensuales.

Los funcionarios de más altos cargos llegaban a enviar hasta montos de S/ 10.000. El fin de todo el dinero recaudado era pagar supuestamente la reparación civil de Vladimir Cerrón.

El fiscal Rojas sospecha que ese dinero también se usó para financiar de manera ilegal las campañas electorales del partido del lápiz en 2020 y 2021.