La procuradora ad hoc de los casos Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola, persistirá en que se mantenga la disminución de S/0.50 en los cobros de los peajes en Lima, ordenada en enero de 2020 por el juez Jorge Chávez Tamariz.
Ello porque un tribunal de jueces superiores de segunda instancia decidió, según pudo conocer La República, por observación de la empresa Lima Expresa (anteriormente Línea Amarilla o LAMSAC), que se anule la decisión de Chávez Tamariz y sea una nueva magistrada quien revise el pedido de fondo: la reducción de la tarifa en todas las garitas de Lima Metropolitana.
Esta nueva jueza es María Álvarez Camacho, quien preside el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y revisará este jueves 8 de abril desde las 9:30 a.m. el pedido de la Procuraduría ad hoc para que se reduzca la tarifa de S/5.70 (como plantea Lima Expresa) a S/5.20.
La nulidad que ordenó el tribunal superior fue porque el juez Jorge Chávez decidió reducir la tarifa en S/0.50 sin notificar a la defensa de la empresa.
Luis Vargas Valdivia, abogado de la misma, sostuvo a La República que “no se corrió traslado del pedido de la Procuraduría para que se dicte la medida restrictiva” y, por ende, “no era posible dictar dicha medida un audita parte, esto es sin que se notifique, en este caso a Lima Expresa”.
En resumen, los jueces de la Sala advirtieron que hubo una vulneración a la defensa de la empresa, pero no revisó el tema de fondo del por qué debía mantenerse el cobro de los peajes. Ello será revisado por la jueza María Álvarez.
Asimismo, es importante precisar que la reducción de S/0.50 se mantendrá en Lima hasta que la jueza María Álvarez analice si corresponde o no mantener esta disminución en favor de los usuarios. Y si, nuevamente, la Sala de Apelaciones confirma o revoca esta decisión.
Silvana Carrión, la procuradora ad hoc, sostuvo que la tarifa de S/5.70 (que defiende Lima Expresa) tuvo como fundamento un “reajuste ilegal” de la fórmula que permitó el incremento gradual de este costo.
Ello tiene su origen en la condena que se impuso en 2019 por negociación incompatible contra Domingo Arzubialde Elorrieta, exgerente de Inversión Privada durante la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
En la resolución de segunda instancia se ratificó que hubo una aplicación indebida de una fórmula que benfició a LAMSAC desde el año 2013.
arzubialde lamsac
Así, se comprobó que Domingo Arzubialde aplicó una fórmula ilegal al variar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 2013, distinta a la fijada por el contrato de concesión firmado con Lamsac en 2009, permitiendo con ello a Línea Amarilla (hoy Lima Expresa) obtener ganancias fuera de lo establecido.
Sobre esta base es que se pidió y se insistirá desde la Procuraduría ad hoc en mantenerse la reducción de S/0.50, pues existió un delito cuyos efectos se evidencian aún en la comuna limeña.
Para Lima Expresa la reducción y la tarifa del peaje es materia de discusión en el Tribunal Arbitral de París, por lo que las decisiones del Poder Judicial no afectarían sus montos en las casetas. Por ello se oponen a la reducción de S/0.50.
No obstante, la Procuraduría ad hoc busca cesar la prolongación de los efectos del delito de negociación incompatible en el que se incurrió desde 2013 al aplicar una fórmula ilegal para el aumento progresivo de los peajes. Es decir, hay un delito probado cuyas consecuencias aún son visibles y perjudican al Estado.
Todo ello será discutido desde este jueves 8 de abril con la jueza María Álvarez y, posteriormente, en una Sala de Apelaciones donde se verán temas de fondo.
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