
El suspendido gobernador de Puno, Walter Aduviri, no deja la pelea para obtener su libertad. El titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Juliaca (Puno), Milton Huallpa, admitió a trámite la demanda constitucional de habeas corpus correctivo a su favor.
Aduviri cumple una condena de seis años en el penal de Yanamayo por el aimarazo, un levantamiento social ocurrido en mayo del 2011 contra la autorización de operaciones a la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation.
El recurso fue presentado por su abogado Beltrán Hancco. Este fundamentó una presunta afectación al derecho constitucional a la vida y su salud, porque Aduviri está infectado con el nuevo coronavirus. Hancco advierte que su patrocinado padece de afecciones médicas previas o preexistentes a la COVID-19, que convierte a Aduviri en vulnerable. “Día a día se va deteriorando su salud y su estado emocional, sin poder recibir un tratamiento especializado por un médico cardiólogo, neumólogo, otorrino e internista”, sustenta.
Asimismo, precisa que el INPE no tiene las condiciones mínimas para garantizar la salud de Aduviri, lo que afecta su recuperación y atención especializada. El juez de Juliaca pidió que la dirección del establecimiento penal de Yanamayo remita un informe documentado sobre el historial clínico de Aduviri a consecuencia de la COVID-19 y su estado respecto a posibles enfermedades preexistentes. Concedió un plazo de tres días.

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