Caso Fuerza Popular y Keiko Fujimori entra en recta final
Bajo la lupa. Fiscal Pérez advirtió, además del cierre de las pesquisas, una posible falta de Keiko Fujimori a sus reglas de conducta que habilitaría al juez para ordenar prisión preventiva.
El fiscal José Domingo Pérez anunció ayer, tras una diligencia en el caso que dirige contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular, que la investigación está próxima a finalizar.
“Como lo ha informado el fiscal superior Rafael Vela, estamos ya en la última etapa de investigación preparatoria y esperamos concluir lo más pronto posible el proceso contra Keiko Fujimori y los demás investigados por lavado de activos, organización criminal y otra pluralidad de delitos menores”, aseguró el fiscal de lavado de activos a Canal N.
Pérez declaró al término de su visita a la sede de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en San Isidro, donde llegó para recabar documentos acerca del origen de los US$ 3.650.000 que aportó Dionisio Romero Paoletti a la campaña presidencial de Keiko en el 2011. El fiscal aclaró así que el monto fue extraído de las cuentas del grupo Credicorp en 17 retiros en efectivo que se dieron entre el 3 de noviembre del 2010 y el 23 de mayo del 2011. Estos movimientos bancarios “se habrían dado bajo la modalidad de conceder créditos para financiar actividades políticas para el partido Fuerza 2011”, añadió.
Esta visita para cumplir con el pedido de examinar los documentos fue autorizada por el juez Víctor Zúñiga el 20 de agosto, según la resolución a la que accedió La República. En el documento se indicó la obligatoriedad con la que el secretario general de la SBS, Carlos Melgar Romarioni, debía cumplir para exhibir los papeles.
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Por otro lado, la posibilidad de que Keiko Fujimori retorne a prisión ha vuelto. Debido a que la procesada Carmela Paucará fue nombrada como integrante del comité político de Fuerza Popular, el fiscal pedirá que se aclare el modo del contacto entre ambas o los canales de comunicación que manejan al interior del partido, pues son investigadas y una de las restricciones de Keiko es la incomunicación con los procesados o testigos. “De determinarse el incumplimiento, se requerirá al juzgado para variar la comparecencia restringida por el mandato de prisión preventiva”, resaltó Pérez.
No es la primera exhortación que se hace. En julio pasado se informó al juez Víctor Zúñiga que Keiko habría entablado comunicación con la parlamentaria Martha Chávez al enviar aquella una carta a la bancada fujimorista indicando que defiendan la Constitución de 1993. Chávez es testigo en las indagaciones del caso Cócteles. Hasta el momento, la investigación que dirige el primer despacho del Equipo Especial Lava Jato que tiene a su cargo Domingo Pérez cuenta en total con 62 investigados, 37 testigos protegidos y 20 colaboradores eficaces.
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El caso que vincula al fujimorismo con Odebrecht y otros aportes de presunto origen ilícito abarca también ocho delitos: lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración, fraude procesal, falsificación de documento privado, asociación ilícita, organización criminal y falsedad genérica. Con todos los elementos recabados por Pérez, el fiscal está habilitado para presentar una acusación formal contra los implicados y solicitar, ahora sí, penas de prisión efectivas.
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