Identifican a funcionarios que recibieron canastas

Por: Doris Aguirre y M. E. Hidalgo

Funcionarios públicos que trabajan en la capital y en dependencias de 13 regiones del país firmaron declaraciones juradas de recepción de alimentos que estaban dirigidos a las familias vulnerables, y que fueron adquiridos con fondos transferidos por el Estado por los municipios provinciales y distritales.

De acuerdo con la base de datos de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República, son casi medio centenar los funcionarios de dependencias públicas los que aparecen con su rúbrica y DNI como receptores de las canastas de comestibles, que el Ejecutivo dispuso su distribución exclusivamente para las familias que por la inmovilización social no cuentan con ingresos.

Se trata de servidores estatales que reciben sueldos de más de 5 mil soles mensuales y que no pertenecen a la población necesitada de la asistencia alimentaria en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus (ver recuadro).

Conforme a las disposiciones del Ejecutivo, los municipios provinciales y distritales tienen el deber de identificar a las familias vulnerables para hacer efectiva la entrega de los alimentos. Luego, el representante del núcleo familiar firma una declaración jurada con su DNI y con la conformidad de la entrega de la canasta de alimentos.

Este documento luego es reportado por los municipios a la Contraloría mediante una plataforma digital, con la finalidad de que el organismo coteje la información.

En una conferencia de prensa, el contralor Nelson Shack informó que más de 4 mil 200 servidores públicos aparecían como receptores de los comestibles de emergencia. Ahora se sabe que de este total casi 50 son funcionarios públicos con ingresos superiores a los 5 mil soles mensuales, los que recibieron bolsas, costales o cajas con alimentos de primera necesidad.

De dónde son

Un proceso de verificación y cruce de datos de la plataforma de Rendición de Cuentas dio como resultado que más de 30 de estos funcionarios laboran en las direcciones regionales de Educación (65%), 15 en las direcciones regionales de Salud (14%) y los demás en otras dependencias como los gobiernos regionales, universidades estatales y el Poder Judicial, entre otros.

La base de datos indica que en la región Piura se registraron hasta 10 casos de funcionarios públicos que, ganando un sueldo mensual superior a los 5 mil soles, estamparon sus firmas en las declaraciones juradas de recepción de las canastas de alimentos de primera necesidad.

Le sigue en cantidad, Huancavelica, con 6 casos; Ucayali, con 5; Lima capital y provincias, 4 casos, al igual que Áncash, con el mismo número. También Arequipa y Loreto, cada una con 3 casos.

Como funcionarios públicos estaban informados plenamente de que no son parte de las familias vulnerables, afectadas por las restricciones de la emergencia sanitaria, que les impide efectuar labores remuneradas. Los servidores públicos siguen recibiendo sus mensualidades, por lo tanto tienen asegurado un ingreso.

Sin embargo, las autoridades han iniciado un proceso de verificación para determinar si:

a) Si el funcionario público efectivamente firmó la declaración jurada y recibió la canasta.

b) Si el funcionario público informó de dicha condición ante las autoridades municipales que les entregaron los comestibles.

c) Si el funcionario no firmó la declaración jurada y otra persona lo suplantó.

d) Si el funcionario público “prestó” a un familiar o allegado su identidad para obtener una canasta de alimentos.

e) Si el funcionario público pagó favores entregando su identidad a otras personas para que retiraran los comestibles de emergencia.

Sumas y restas

En algunos casos, algunos municipios han reportado la irregularidad y han anunciado que emprenderán acciones legales, como el caso del distrito de San Isidro, que mediante comunicado anunció que denunciará a la funcionaria de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la abogada Laura Ramírez Agüero, por haber recibido indebidamente una canasta de alimentos de primera necesidad que correspondía a familias en situación vulnerable.

El municipio de San Isidro es el primero en denunciar a un funcionario público por presuntamente haber ocultado dicha condición para obtener una canasta de alimentos. Le imputa a Ramírez el presunto delito de falsedad ideológica. Contactada la funcionaria, respondió que no daría declaraciones.

En cambio, Fernando Huamán Pineda, quien también aparece como receptor de la bolsa de alimentos, respondió a este diario y confirmó haber obtenido los comestibles. “Fui director de un colegio en Nasca y en los últimos 5 años he trabajado como profesor del instituto educativo Genaro Huamán Acuache, en San Juan Bautista, Ica. Ahora soy cesante por límite de edad. Como durante unos meses no recibí mi pensión, es que me inscribí y la municipalidad me dio una canasta de alimentos. No soy funcionario público”.

Cruff Ayala Amaringo, profesor bilingüe de la comunidad nativa Nueva Victoria, de Atalaya, Ucayali, es padre de siete hijos. Ahora se encuentra postrado en una cama debido a un tumor maligno en el cerebro. Es otro de los que aparece registrado como receptor de alimentos. Su hermana Micaela Ayala justificó haber recibido los comestibles: “Necesitamos ayuda de las autoridades para que mi hermano sea trasladado a un hospital porque cada día su salud se va deteriorando”.

Una vez identificados los funcionarios públicos que aparecen como receptores de los alimentos, según las actas suministradas por los municipios, corresponde a estos verificar si tales personas pertenecen al sector de las familias vulnerables. Eso es lo que hizo precisamente el municipio de San Isidro. Es una acción necesaria para establecer si eventualmente se produjeron suplantaciones de identidades.

Por ejemplo, Jorge La Rosa Páucar, quien aparece consignado en las actas del distrito de Santa Leonor, Huaura (Lima), como beneficiado con una bolsa de alimentos, aseguró a este diario que no recibió canasta alguna.

“Me sorprende que mi nombre y apellido aparezca, porque yo no he recibido nada”, dijo La Rosa. ¿Suplantación? ¿Fraude? ¿Mentira? Las autoridades ediles deben verificar, como hizo San Isidro.

La mayoría trabaja como docente en las regiones

Algunos de los funcionarios identificados: José Olivos Chuqui, obstetra de profesión y labora en el centro de salud de Pillo, en el distrito de Lagunas (Ayabaca, Piura) para el Programa de Salud País.

Orietta Foy Valencia, actriz profesional y docente universitaria de Teatro. Participó en la miniserie ‘Sally, la Muñequita del Pueblo’.

Madia Armas Sánchez, profesora de Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.

Vilma Vite Chunga, profesora de primaria y especialista en salud mental.

Milagros Puescas Purisaca, licenciada en Educación de la Universidad Nacional de Tumbes y especialista en educación inicial.

Karina Neyra Medina, obstetra de la Universidad Católica de Santa María.

Juana Monteza Tenorio, auxiliar de educación secundaria.

Kelly Meléndrez Cruz, docente en educación inicial.

Francisco Flores Mattos, profesor de Educación Bilingüe.

Serán requeridos para que ofrezcan explicaciones sobre la recepción de canastas.

El dato

Búsqueda. El Ministerio Público ha requerido información sobre los funcionarios que aparecen en las declaraciones juradas de los municipios como receptores de canastas de alimentos.

Determinación. Los propios municipios deben formular la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

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