Caso Orellana: condena por organización criminal se decidirá en febrero

Los alegatos y palabras finales de los 20 acusados en el caso contra Ludith Orellana, hermana de Rodolfo Orellana, culminarán este 30 de enero luego de diez meses de juicio oral.

Posteriormente, ya en febrero, la magistrada Fernanda Ayasta Nassif, del Cuarto Juzgado Unipersonal, fijará una fecha para el adelanto de la sentencia y otra para la lectura de toda la resolución.

El caso fue llevado al proceso por los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez, del Quinto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción.

La Fiscalía ha imputado así los delitos de organización criminal, cohecho activo y cohecho específico, con penas que van desde los 3 hasta los 12 años de prisión efectiva.

En el caso de Ludith Orellana, supuesta cabecilla de la red delictiva, su defensa ha señalado que solo fue una trabajadora más del Estudio Orellana Asesores y Consultores.

Sin embargo, ella fue jefa del “área de saneamiento”, que se encargó de elaborar los documentos necesarios para apropiarse ilegalmente de 47 terrenos entre el 2009 y 2013.

Argumentos y contradicciones

La defensa de Álvaro Delgado Scheelje, exsupertintendente de Sunarp, ha solicitado en cambio la absolución y la prescripción del delito de asociación ilícita, alegando que el último acto criminal cometido por él habría sido en diciembre del 2010.

El cómputo implicaría que el delito ha prescrito en diciembre del 2019, pero la acusación del Ministerio Público especifica para todos un periodo que va desde el 2009 hasta el 2013.

Para la Fiscalía no se puede alegar la prescripción pues el carácter del delito de asociación ilícita es permanente y no es común, a la vez que implica un acto de corrupción.

Las Convenciones de Palermo y de Mérida de las Naciones Unidas, en la misma línea, indican que la prescripción puede ampliarse “cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de la justicia”.

Delgado Scheelje fue cuestionado durante su gestión y, finalmente, fue separado del cargo en octubre del 2011. Además, en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia decidió liberarlo de su prisión preventiva de 12 meses por recomendación del fiscal supremo ligado a Los Cuellos Blancos del Puerto, Víctor Rodríguez Monteza.

Confesiones y reparación civil

El tramo final del proceso fue protagonizado por las confesiones del exbrazo derecho de Ludith Orellana, Patricia Rojas; así como del exregistrador público de Sunarp, Pedro Guzmán Molina.

Ambos detallaron la trama que se tejió para direccionar diversos títulos de propiedad en el bufete de abogados de Rodolfo Orellana, las coordinaciones y comunicaciones entre los implicados así como la participación de los testaferros bajo el mando de la organización criminal.

La Procuraduría Anticorrupción de Amado Enco, por su parte ha solicitado en el caso una reparación civil de S/10 millones. El monto tendrá que compartirse entre los acusados después de emitida la sentencia.