La resistencia democrática de los jueces

Desde la aprobación de las leyes de amnistía, declaradas inconstitucionales, jueces valientes han protegido la Constitución y los derechos humanos.

En los últimos meses, el intento de subordinación judicial se ha intensificado. Intentan replicar patrones en otros poderes del Estado y en entidades constitucionalmente autónomas, como el Poder Ejecutivo o la Junta Nacional de Justicia.

Recientemente, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó de “prevaricadores” a magistrados que dictan sentencias contrarias a los intereses de la mayoría parlamentaria, particularmente aquellos relacionados con la responsabilidad de agentes del Estado y la inaplicación de normas incompatibles con los derechos humanos.

De esa manera, la coalición parlamentaria que gobierna busca condicionar decisiones judiciales mediante discursos de estigmatización. Su metodología, similar a las de otros regímenes autoritarios o en vías de serlo rápidamente, intenta imponer lealtades políticas sobre la aplicación estricta de la ley y la Constitución.

Frente a esta ofensiva, la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma recordó en una columna publicada en La República que los jueces ejercen el deber y el poder de inaplicar normas contrarias a la Constitución, incluyendo aquellas leyes aprobadas por el Congreso que vulneran derechos fundamentales. Ella refiere que el uso de herramientas jurídicas, legítimas y legales, tales como el control difuso y el control de convencionalidad permiten armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales, garantizando decisiones justas.

De la misma manera, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia también advierte sobre el precedente negativo que implica la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Cócteles que involucra a la precandidata presidencial Keiko Fujimori.

En este contexto, los jueces del país cumplen un papel decisivo como guardianes de la Constitución y de los derechos humanos. Su independencia y firmeza constituyen pilares insustituibles de la democracia.

La magistratura debe encontrar en esta defensa su mayor deber y su más alto honor, con la Constitución ante la que juraron y a la democracia, sin la cual no tendrían razón de ser.