Asesinan a tiros en Guatemala a un exfiscal que denunció vínculos entre políticos, corrupción y pandillas

Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal guatemalteco de 43 años, murió baleado en el Centro Deportivo Campo Marte, un complejo deportivo de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, en un ataque que también costó la vida a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, integrante de la Federación de Judo. Dos hombres permanecen capturados y el caso está en manos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), la fiscalía del país.

Solórzano Foppa era conocido por su lucha contra la corrupción, pues participó en el caso La Línea, que terminó con la renuncia del gabinete del expresidente Otto Pérez Molina. En los últimos años fue procesado penalmente y, al mismo tiempo, defendió a periodistas y abogados que se consideran perseguidos por motivos políticos.

La PNC informó que al menos cuatro personas con ropa deportiva participaron en la agresión, una vestimenta que les permitió pasar inadvertidas antes de disparar. Durante la persecución, los agentes incautaron una motocicleta y una carabina con registro GF9-1138GUA, un arma distinta de las que usa la delincuencia común. Los escoltas del exfuncionario se encontraban a entre 30 y 40 metros porque cuidaban a su hijo menor de edad, que estaba en el lugar.

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Las pesquisas preliminares de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) apuntan a una estructura criminal organizada, y cuatro equipos de esa unidad trabajan junto con el MP para identificar a todos los responsables.

Presidente Arévalo condena el ataque y exige justicia

En un mensaje a la nación, el presidente Bernardo Arévalo expresó su solidaridad con las parientes de las víctimas y lamentó que el ataque ocurriera a plena luz del día, frente a familias y niños, entre ellos el hijo del exfiscal.

"Guatemala demanda justicia y nuestros esfuerzos están orientados a conseguirla", afirmó el mandatario, quien ordenó al Ministerio de Gobernación ubicar de inmediato a los responsables y anunció el despliegue de varios equipos policiales.

Arévalo aseguró que el crimen no intimidará a su gobierno y relacionó la lucha contra las estructuras criminales con el combate a la narcopolítica. "A los autores intelectuales y materiales, les digo: los vamos a encontrar y haremos que la justicia prevalezca", dijo. Pidió además que el miedo no divida a la sociedad y cuestionó a quienes buscan beneficio político de la tragedia.

Expediente del caso queda bajo reserva total

El MP solicitó que el expediente sea reservado, según reveló Karlos de León, abogado de dos de los aprehendidos, tras una audiencia preliminar celebrada poco después de la medianoche, en la que se notificó a los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz el motivo de su detención.

La jueza explicó que las audiencias penales son públicas, aunque los actos de investigación se mantienen reservados para los extraños, y que la publicidad puede limitarse por un plazo legal máximo si la Fiscalía considera que el caso corre riesgo. Con ese argumento ordenó retirar a la prensa y reprogramó la diligencia a fin de que el ente investigador reúna más pruebas.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que los detenidos están aislados del resto de reos y que, si se dicta prisión preventiva, se habilitará un espacio especial para proteger su integridad. Aclaró también que las indagaciones hablan de probabilidades de participación, no de certezas.

Defensa denuncia irregularidades en la aprehensión

De León calificó de ilegal la captura, realizada en la zona 16 de la capital, pues según el abogado no hubo persecución en flagrancia ni orden de un juez competente. Agregó que los agentes no embalaron las manos de los detenidos para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) buscara residuos de disparo y que su ropa original fue cambiada.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura exigió garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso. La PNC, por su lado, pidió calma a los repartidores que se manifiestan y advirtió que el crimen organizado es capaz de difundir desinformación para aprovechar la indignación social. La institución precisó que las declaraciones de los sospechosos pueden contener contradicciones, pero que solo el MP y los tribunales determinan su veracidad.

Una carrera contra la corrupción

Solórzano Foppa pasó 12 años en el MP, donde dirigió la Dirección de Análisis Criminal y diseñó los esquemas que permitieron desarticular La Línea, una red de defraudación aduanera. En 2016 asumió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la agencia de impuestos, desde la cual impulsó cobros coactivos a grandes contribuyentes, hasta que fue removido en 2018.

En mayo de 2021 fue capturado y enviado a prisión preventiva por el caso "Política y Falsedad", en el que se le acusó de falsedad ideológica y alteración de actas en la conformación del comité de un partido político. En abril de 2023 fue detenido de nuevo, cuando defendía al periodista José Rubén Zamora, y el MP lo acusó de conspirar para obstruir la justicia y de patrocinio infiel, por su supuesta participación en un contrato para justificar fondos atribuidos a Zamora.

En junio de 2023 aceptó los cargos en ambos procesos, un procedimiento que reduce el trámite judicial. Argumentó que el sistema de justicia estaba cooptado y que la prisión indefinida no ofrecía garantías, y recibió condenas conmutables y multas que le permitieron salir de la cárcel.

Su defensa de abogados y periodistas ocurrió durante la gestión de Consuelo Porras al frente del MP, una funcionaria sancionada en más de 40 países por supuestos actos de corrupción.