Descargas eléctricas y más: denuncian crueldad en las cárceles de China con un 20% de reos golpeados y un 15% torturados
La investigación analizó 209 casos en China entre 2016 y 2025, evidenciando golpes, aislamiento y falta de atención médica. El 35% de los casos reportaron privación de atención sanitaria adecuada, resultando en al menos 16 muertes.
Un nuevo informe de la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) sostiene que la tortura y los malos tratos continúan presentes en el sistema de detención de China, pese a que estas prácticas están prohibidas por la legislación del país y por compromisos internacionales asumidos por Pekín.
La investigación examinó 209 casos registrados entre 2016 y 2025 y concluyó que los presos de conciencia siguen expuestos a golpes, aislamiento, privación de alimentos y agua, descargas eléctricas y restricciones de acceso a servicios médicos.
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El 20% de los reos afirmó haber sido golpeado, mientras que el 15% señaló haber sido torturado para lograr confesiones.
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Uno de los principales hallazgos está relacionado precisamente con la atención sanitaria. El 35% de los casos analizados incluyó denuncias de privación o falta de atención médica adecuada y, según CHRD, al menos 16 personas murieron bajo custodia después de no recibir el tratamiento necesario.
Las agresiones físicas también aparecen entre los patrones documentados. Una quinta parte de los presos incluidos en la investigación denunció haber sido golpeada por personal de centros de detención, prisiones u otras instituciones. El informe recoge además casos de personas sometidas a temperaturas extremas, confinadas en jaulas de hierro o suspendidas de las muñecas.
Pocas investigaciones sobre las denuncias
De todos los expedientes examinados, los tribunales investigaron únicamente dos denuncias: las relacionadas con el abogado de derechos humanos Ding Jiaxi y la periodista independiente Huang Xueqin. En ambos casos, las autoridades judiciales concluyeron posteriormente que no existían pruebas de tortura.
La organización también analizó el caso del defensor de derechos humanos Ji Xiaolong. En su proceso, un tribunal reconoció que una confesión había sido obtenida mediante tortura y decidió excluirla como prueba. Sin embargo, mantuvo la condena y consideró que la negativa del acusado a declararse culpable justificaba un castigo más severo.
CHRD sostiene que este fue el único de los casos estudiados en el que una corte china excluyó una confesión por haber sido obtenida mediante tortura. La organización tampoco encontró funcionarios procesados o sancionados penalmente por estos hechos.
La investigación también revisa algunas reformas adoptadas recientemente por las autoridades. En junio de 2025, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública establecieron nuevas reglas para la llamada "vigilancia domiciliaria designada", una modalidad de detención que expertos de Naciones Unidas relacionó con la desaparición forzada.
Las nuevas disposiciones contemplan informar a familiares y abogados sobre el lugar de detención, aunque CHRD señala que persisten excepciones que pueden impedir esas notificaciones y que algunas personas continúan recluidas en instalaciones no reconocidas oficialmente.
Ese mismo mes se creó el Departamento de Investigación Fiscal, destinado a abordar infracciones como la detención ilegal y la tortura. Sin embargo, el informe afirma que no existen indicios de que haya iniciado investigaciones sobre estos casos.
En abril de 2026, además, la Asamblea Popular Nacional aprobó una reforma de la Ley Penitenciaria que entrará en vigor el 1 de noviembre. CHRD cuestiona que las modificaciones amplíen las posibilidades de aislamiento y utilización de medidas de sujeción, al considerar que podrían incrementar los riesgos de abusos.
China rechaza las acusaciones
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino respondió a las acusaciones defendiendo el funcionamiento de su sistema judicial. Según la respuesta remitida a AFP, "las autoridades judiciales chinas manejan los casos en estricto acuerdo con la ley y aseguran plenamente los derechos legales de todas las partes".
El ministerio calificó a CHRD de organización "consistentemente llena de prejuicios contra China" y acusó al grupo de "fabricar varias mentiras".
