
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra el expresidente Evo Morales, a quien investiga por su presunta participación en las protestas que mantuvieron paralizado el país durante 53 días. El fiscal Brayan Melgar dictó el mandamiento por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, atentado contra los medios de transporte, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
Las movilizaciones, impulsadas entre mayo y junio por campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos afectaron sobre todo a La Paz y El Alto, provocaron desabastecimiento de alimentos y medicinas, y dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna. Las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales.
La denuncia que originó la investigación partió del Comité Cívico Pro Santa Cruz, una agrupación de empresarios y líderes civiles, a principios de julio. Más tarde, el Ministerio de Gobierno se sumó a la acción legal. El fiscal general Roger Mariaca confirmó la orden en rueda de prensa y señaló que la pesquisa busca establecer las responsabilidades de Morales en las medidas de presión que afectaron al país.
El exmandatario de 66 años rechazó los cargos y denunció una persecución política. "Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado", escribió en su cuenta de X. Morales afirmó que las autoridades buscan responsabilizarlo "de las movilizaciones para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social".
"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo", agregó el exmandatario.
El dirigente cocalero permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político en la zona cocalera del Chapare, donde cuenta con la protección de campesinos que montan guardias con el objetivo de evitar una captura. Esta es la segunda medida de aprehensión vigente dirigida al exgobernante. La primera fue dictada por un tribunal de Tarija en mayo, por un caso de presunta trata agravada relacionada con una menor con la que habría tenido una hija mientras ejercía la presidencia en 2016.
La Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó una misión de alto nivel en Bolivia para dar seguimiento a la situación nacional después de los conflictos. El secretario general Albert Ramdin encabeza la delegación, que sostuvo reuniones con representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, además de organizaciones sociales, sindicatos y sectores productivos.
Ramdin recordó que la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución de apoyo a Bolivia y al presidente Rodrigo Paz Pereira como mandatario democráticamente electo. El canciller panameño Javier Martínez Acha, integrante de la misión, señaló que los encuentros fueron "abiertos, constructivos y de buena fe". La agenda continuará en Santa Cruz con reuniones con el sector empresarial.
La misión elaborará un informe con recomendaciones que será presentado ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington en aproximadamente 10 días. Paralelamente, el gobierno de Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción con el fin de levantar los bloqueos, con el despliegue de fuerzas policiales y militares en las carreteras para restablecer la circulación.





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