Corte Suprema de Estados Unidos anula los aranceles globales de Trump y limita el poder presidencial en comercio

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles globales amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Por seis votos contra tres, el tribunal concluyó que esa norma no autoriza al presidente a fijar gravámenes de alcance general. La resolución bloquea una herramienta central de su agenda económica y diplomática.

El fallo responde a demandas de estados y empresas que cuestionaron la legalidad de esas tarifas. La mayoría sostuvo que el Congreso no delegó de forma explícita esa facultad. El presidente del pleno, John Roberts, escribió que si el Legislativo hubiera querido otorgar ese poder “distintivo y extraordinario”, lo habría hecho “de manera expresa”. La decisión confirma sentencias previas de cortes inferiores que ya habían considerado ilegales esas medidas.

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El alcance real de la ley

La disputa giró en torno a la IEEPA, legislación de 1977 que permite al Ejecutivo regular el comercio ante una emergencia nacional. La administración defendió que ese término incluía la potestad de imponer tarifas. Los demandantes replicaron que la ley no menciona ese instrumento y que el Parlamento nunca transfirió su competencia tributaria.

En su opinión, Roberts fue directo: “Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con estrictas restricciones. No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”. Añadió que la autoridad invocada por la Casa Blanca “es insuficiente”.

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La mayoría estuvo integrada por los tres jueces liberales y dos magistrados nominados por Trump, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. Disintieron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Este último advirtió que el proceso posterior podría generar un “desbarajuste”, en referencia a las posibles devoluciones.

El caso puso a prueba el alcance de los poderes presidenciales en comercio exterior. Durante su segundo mandato, el republicano utilizó la norma para aplicar tasas a casi todos los socios comerciales, incluidos México, Canadá y China, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y corregir desequilibrios. También anunció incrementos de hasta 50% para países como India y Brasil, y de hasta 145% para China en 2025.

Reembolsos millonarios y dudas para los importadores

Uno de los puntos más sensibles es qué ocurrirá con el dinero ya recaudado. Según datos oficiales citados en el proceso, el gobierno federal ingresó más de 130.000 millones de dólares provenientes de esos gravámenes, pagados por más de 301.000 importadores. El Supremo no definió el destino de dichos fondos.

Kavanaugh señaló que el organismo “no dijo nada hoy sobre si el gobierno debería devolver los miles de millones de dólares que ha cobrado”. Añadió que, en caso de ordenarse, el procedimiento podría resultar complejo. Funcionarios de la administración advirtieron que eventuales reembolsos arancelarios tendrían consecuencias severas para la economía.

Instancias inferiores ya habían fallado contra la Casa Blanca. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos concluyó en mayo que la IEEPA no autorizaba esas medidas. Una corte de apelaciones confirmó esa postura, aunque permitió que el Ejecutivo siguiera cobrando mientras avanzaban las impugnaciones. Empresas como VOS Selections y Learning Resources lideraron las demandas.

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Impacto en mercados

La reacción en Wall Street fue moderada. Tras conocerse el fallo, el Dow Jones subió 0,2%, el S&P 500 avanzó 0,6% y el Nasdaq ganó 1,06%. El oro aumentó 1,3%, mientras el índice del dólar retrocedió levemente. Analistas señalaron que el mercado ya anticipaba una revisión judicial acerca de la legalidad de los gravámenes.

La decisión introduce certidumbre jurídica, pero mantiene interrogantes sobre el futuro de la política comercial. Trump sostuvo ante los jueces que “con aranceles, somos una nación rica”, y que sin ellos el país sería "pobre”. La judicatura respondió que su papel no es evaluar conveniencia económica, sino determinar si existe autorización legal.