El país de América Latina que apunta a replicar el “modelo Bukele” con una megacárcel para frenar el crimen organizado

En una zona remota de la provincia costera de Santa Elena, en Ecuador, se ubica la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. El penal forma parte de las principales obras anunciadas por el presidente Daniel Noboa, quien busca aplicar una política carcelaria similar al llamado “modelo Bukele”. A fines de 2025, el recinto recibió a sus primeros 300 internos, considerados de alta peligrosidad. Entre ellos figuró el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

El ingreso de este grupo de reclusos ocurrió apenas un día después de un violento episodio en la cárcel de Machala, donde 31 presos murieron tras un enfrentamiento entre miembros de dos organizaciones criminales rivales. Desde el Ejecutivo se señaló que la matanza estuvo vinculada a ese proceso de traslados, una medida que generó rechazo entre la población penitenciaria.

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¿Cómo es la cárcel El Encuentro de Ecuador?

Esta cárcel, diseñado para albergar hasta 736 internos, figuraba entre los proyectos más ambiciosos anunciados por Daniel Noboa cuando asumió la Presidencia en 2023. La iniciativa contemplaba también la construcción de otro centro penitenciario de características similares, que todavía no logra concretarse.

Las obras se iniciaron en junio de 2024 y demandaron una inversión de 52 millones de dólares, equivalentes a unos 45 millones de euros. La ejecución del proyecto quedó en manos de la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, filial del Grupo Puentes de España, conglomerado que a su vez controla a la compañía estatal China Road and Bridge Corporation.

El propio Noboa le dio el nombre de Cárcel del Encuentro, en alusión al lema del Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), a quien sucedió en el cargo. El establecimiento se levanta en una de las zonas más golpeadas por la violencia y el avance del crimen organizado, un problema que el país arrastra desde hace varios años.

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Una prisión que cuenta con "todas las medidas tecnológicas"

En diálogo con La República, la periodista ecuatoriana Alina Manrique comentó que la cárcel El Encuentro no es tan grande como la del CECOT de El Salvador y que es poco probable que esta prisión logre detener la violencia criminal en Ecuador porque "existe un problema de infraestructura".

Asimismo, comentó que en los últimos años han muerto más de 600 presos en violencia intracarcelaria. "A pesar de que el gobierno supuestamente tiene el control de las prisiones, uno se pregunta cómo siguen ingresando las armas a las cárceles. La respuesta es a través de los policías, a través de guías penitenciarios o a través de militares", aseveró.

En esa lìnea, la periodista comentó que una cárcel por más aislada, grande o pequeña que sea, por sí sola, no acaba acaba con la violencia criminal". "Porque si la institucionalidad está tomada, si la fuerza pública que tiene el control de las armas está coptada por el crimen organizado, es muy difícil que se logre acabar con la violencia solo con infraestructura", añadió.

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Una prisión que cuenta con "todas las medidas tecnológicas"

El Ejecutivo ecuatoriano anunció que la seguridad de la cárcel El Encuentro quedará en manos de policías y militares en situación de retiro, y no del personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). La decisión responde a las constantes críticas que enfrenta esa entidad, señalada por presuntos actos de corrupción y por su incapacidad para controlar a las organizaciones criminales que operan en otros penales del país.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, explicó que el establecimiento dispone de “todas las herramientas tecnológicas necesarias” para impedir el ingreso de objetos prohibidos. También aseguró que el recinto cuenta con infraestructura y servicios médicos completos, con el objetivo de evitar traslados de internos a hospitales fuera de la prisión.

Daniel Noboa ha insistido en que aplicará una estrategia de mano dura frente a las bandas delictivas, responsables de que Ecuador se haya convertido en uno de los países más violentos de la región. En ese contexto, la construcción de esta cárcel se presenta como una respuesta directa a la grave crisis carcelaria, marcada por la muerte de más de 600 personas privadas de libertad desde 2021.