¿Qué pasará con Bolivia tras la eliminación del subsidio a los combustibles?

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aprobó un paquete de reformas económicas, entre las cuales destaca la eliminación del subsidio a los combustibles. De esta manera, el actual gobierno busca recuperar la estabilidad y fomentar la inversión en el país, debido a la crisis que provocó la escasez de carburantes a nivel nacional, sin olvidar la falta de dólares estadounidenses que agravó la situación.

El mandatario justificó el ajuste económico para arreglar la distorsión en los precios de los combustibles y que vuelvan a ser definidos por el mercado. Sin embargo, la reciente medida trajo cuestionamientos por el impacto social para millones de bolivianos que adquieren los derivados del combustible. Por este motivo, La República consultó con expertos para abordar el escenario que depara al país andino.

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¿Qué podría pasar en Bolivia tras el fin del subsidio al combustible?

En primer lugar, los medios bolivianos han informado que los transportistas realizan huelgas y bloqueos para expresar su rechazo al ajuste, anunciado el miércoles 17 de diciembre. "Hemos visto la ciudad de La Paz paralizada y se están organizando en otros departamentos. Le han dado un plazo hasta el lunes para abrogar el decreto", indicó Natalia Aparicio, analista política boliviana, en conversación con este medio.

En particular, Carlos Guzmán Vedia, politólogo, sostuvo que actualmente la oposición del gobierno de Paz está desarticulada a raíz de la derrota electoral en octubre de este año. Así, el experto estimó poco probable una escalada hasta llegar a la violencia o a la convulsión, a pesar de reconocer que Bolivia pasa por una crisis social.

"El presidente aún goza del apoyo mayoritario, ya que ha pasado un mes de gestión y esta es su primera medida no popular", afirmó Guzmán Vedia en una entrevista con La República. De hecho, Aparicio recalcó que, en marzo de 2026, habrá elecciones subnacionales. De esta manera, proyectó que pueden surgir personajes políticos que logren capitalizar el descontento social a su favor para atraer votos, especialmente desde la oposición.

Por ello, la analista política subrayó que la medida debió haber sido consensuada y recordó intentos pasados que fracasaron. "Levantar la subvención era conflictivo. En 2004, se subieron los precios de los carburantes y también hubo protestas sociales. En la década de los 90, también hubo protestas", señaló. "Esperemos que el gobierno logre dialogar, hacer mesas de trabajo con todos estos sectores para llegar a alguna negociación, porque evidentemente la subvención no se puede sostener más", concluyó.

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¿Era necesario retirar la subvención a los combustibles en Bolivia?

Desde inicios de 2025, el movimiento político de Rodrigo Paz comunicó su disposición para eliminar el subsidio a los combustibles. "Era una medida ineludible porque causó una distorsión en el mercado y en la provisión de hidrocarburos en el país", comentó Luis Carlos Jemio, exministro de Hacienda de Bolivia, para La República.

En consecuencia, las empresas han tenido pocos incentivos para invertir y levantar nuevas infraestructuras para producir carburantes como la gasolina y el diésel, que son los más utilizados en el país andino. Asimismo, Bolivia ha desarrollado una dependencia de la importación de combustibles.

Guzmán Vedia aseguró que, en 5 meses, desde el extranjero se ha comprado diésel por US$654 millones y gasolina por US$411 millones. "Ha salido a la luz que alrededor del 15% del combustible importado salía de Bolivia por contrabando con destino a países como Perú, Brasil y Chile para ser revendido a precios internacionales", agregó.

Jemio recordó que la subvención empeoró el déficit fiscal del país. Se proyecta que, en 2025, el dato ronde el 12,5%. "Tenemos como 11 años seguidos con déficit muy alto", acotó. A su vez, el gobierno boliviano de Evo Morales y de Luis Arce tuvo que emplear las reservas de dólares del Banco Central de Bolivia para financiar los subsidios.

Las reservas internacionales de Bolivia se desplomaron de US$15.100 millones en 2014 a US$2.300 millones en 2023. Además, el oro monetario del Banco Central ha sufrido una drástica disminución, ya que pasó de 42 a 22 toneladas, las cuales no se pueden vender por ley, según Jemio.