Jefe de pandilla que pactó con Nayib Bukele reveló detalles sobre los acuerdos con el gobierno de El Salvador

Carlos Cartagena López, conocido como ‘Charli de IVU’ y uno de los cabecillas más influyentes del Barrio 18 Revolucionarios, ofreció una entrevista al medio digital El Faro, en la que reveló cómo comenzaron los acercamientos con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. De acuerdo con Cartagena, durante años existió una relación entre el Gobierno y las pandillas, la cual incluyó protección a líderes de alto rango y compromisos con fines electorales. "Hubo un acuerdo monetario. Teníamos que influir en familias y vecinos para que votaran por él", manifestó el pandillero, quien fue excarcelado en secreto en abril de 2022.

La administración de Bukele lanzó su denominada "guerra contra las maras" en marzo, luego de una masacre que dejó víctimas en distintas zonas del país. Esta ofensiva estatal, según investigaciones periodísticas, fue desencadenada por la ruptura del pacto que el Gobierno habría mantenido de forma clandestina con las principales estructuras criminales del país: la Mara Salvatrucha 13 y las dos facciones del Barrio 18.

PUEDES VER: Maduro a Bukele tras propuesta de intercambiar deportados por presos políticos: "Es un violador sistemático de los derechos humanos"

Carlos Cartagena contó el inicio de los pactos entre Bukele y las pandillas

Carlos Enrique Cartagena confirma en sus declaraciones a El Faro que el primer contacto con el entorno de Bukele se dio en 2014, cuando el entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán buscaba la alcaldía de San Salvador. Reveló que emisarios del político propusieron una tregua: las pandillas debían "bajar los homicidios" y facilitar la campaña en sus territorios, a cambio de beneficios carcelarios y trato preferencial para sus líderes.

Asimismo, menciona directamente al actual director de Tejido Social, Carlos Marroquín, como uno de los intermediarios. Afirmó: "Todo ese trato fue directamente con Carlos Marroquín", y también implicó a Osiris Luna, director de Centros Penales. Los acuerdos se mantuvieron incluso tras la llegada de Bukele a la presidencia en 2019. Estas revelaciones dan base a investigaciones que apuntan a una estrategia de seguridad aparentemente efectiva, pero sostenida en pactos ocultos con estructuras criminales.

PUEDES VER: Donald Trump firmó un decreto para que se retire la financiación federal a las radiotelevisiones públicas PBS y NPR

La ruptura del pacto: masacres, estado de excepción y represión

La supuesta alianza entre el gobierno de Bukele y las pandillas terminó abruptamente el 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 87 homicidios en apenas tres días. Esta escalada de violencia rompió la narrativa del "control total" y provocó una respuesta inmediata del gobierno: se decretó un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y amplió la detención preventiva sin orden judicial. Desde entonces, más de 85.000 personas fueron arrestadas bajo sospecha de vínculos con pandillas.

Sin embargo, y de forma contradictoria, documentos filtrados por El Faro mostraron que en ese mismo periodo, líderes pandilleros como Cartagena fueron excarcelados de forma irregular. Su liberación se realizó sin órdenes judiciales y con total secretismo. Esto expuso una doble moral en la estrategia de seguridad, ya que mientras se mostraba mano dura ante la opinión pública, se gestionaban beneficios clandestinos a ciertos cabecillas a través de acuerdos paralelos.

Negociaciones de EE. UU. y El Salvador sobre migrantes

Las implicaciones del caso no se limitan a El Salvador. Una investigación de CNN reveló que funcionarios salvadoreños ofrecieron al gobierno de Donald Trump un descuento del 50% para alojar migrantes en el penal de máxima seguridad CECOT, a cambio de repatriar a nueve líderes de la MS-13 que estaban presos en EE. UU. Este dato resalta cómo el aparato de seguridad de Bukele también fue utilizado como moneda de cambio en negociaciones internacionales.

La investigación indica que el gobierno salvadoreño estaba dispuesto a usar la infraestructura penitenciaria, la cual era mostrada como un "modelo" para atraer cooperación internacional, incluso a costa de reinsertar peligrosos criminales en el país. Además, se cuestiona la participación de familiares directos de Bukele en negociaciones de alto nivel, lo que sugiere una concentración del poder en un círculo muy cerrado. Este punto fue criticado por organizaciones de derechos humanos que denuncian la falta de transparencia en la gestión estatal.