Estados Unidos alista deportación masiva: más de medio millón de inmigrantes de América Latina quedan sin 'parole'

El futuro de más de medio millón de migrantes está en juego tras el anuncio oficial del Gobierno de Donald Trump de poner fin al 'parole humanitario' CHNV, un programa que permitió la entrada legal y temporal a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. La decisión, comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha desatado preocupación entre quienes ahora corren el riesgo de ser deportados.

La medida establece que los permisos otorgados a las personas extranjeras perdieron vigencia el 24 de marzo. Quienes no tengan otra vía legal para permanecer en territorio estadounidense, como asilo o alguna visa humanitaria, deberán abandonar el país de forma voluntaria. De lo contrario, serán objeto de expulsión por parte de las autoridades migratorias. La decisión ha generado fuertes reacciones en diversos sectores, desde organizaciones defensoras de derechos humanos hasta economistas que advierten de un posible impacto en la fuerza laboral estadounidense.

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¿Qué es el 'parole humanitario'?

El 'parole humanitario' es un mecanismo migratorio que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar y permanecer temporalmente en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o de interés público. El programa, implementado por el presidente Joe Biden en 2022 para los venezolanos y extendido en 2023 a cubanos, nicaragüenses y haitianos, ofrecía a los beneficiarios la posibilidad de vivir y trabajar legalmente durante un período de hasta dos años, siempre que contaran con un patrocinador que asumiera responsabilidad económica.

Desde su creación, más de 530.000 migrantes accedieron a este beneficio, de acuerdo a un informe de EFE. El programa representó una estrategia del Gobierno demócrata para reducir los flujos migratorios irregulares y canalizar las solicitudes por vías legales. Sin embargo, la administración de Trump considera que este mecanismo fue aplicado de manera excesiva y sin criterios claros, lo que habría facilitado una entrada masiva que, a su juicio, sobrecargó el sistema migratorio.

El DHS sostiene que el CHNV no ha contribuido significativamente a reducir la inmigración ilegal ni ha generado beneficios públicos tangibles. Además, vincula el programa con el aumento de solicitudes de asilo, que ya superan las 75.000 entre quienes ingresaron con la autorización humanitaria. Según datos oficiales, los expedientes pendientes en las cortes migratorias alcanzan los 3,6 millones.

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Migrantes vulnerables a deportaciones

La revocación del parole implica que los permisos de residencia y trabajo quedarán sin efecto a partir del 24 de abril. A partir de esa fecha, los migrantes afectados recibirán una notificación oficial del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sobre su situación legal. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los permisos de viaje también serán anulados, y aquellos que no abandonen el país quedarán bajo vigilancia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los beneficiarios que opten por salir de forma voluntaria deberán hacerlo antes del vencimiento de su permiso. Además, deberán reportar su salida mediante la aplicación CBP Home, que ahora incluye una función de geolocalización para verificar la ubicación fuera del país.

“La medida va a causar un caos innecesario y angustia a familias y comunidades de todo el país”, declaró Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, organización que trabaja por la defensa de Derechos Humanos de inmigrantes en Estados Unidos, citada por France 24.

Trump justificó la acción como un retorno a políticas sensatas y alineadas con la seguridad nacional. A su juicio, el 'parole' no debe usarse como una vía para regularizar migrantes sin un estatus legal permanente. En ese sentido, también puso en duda la continuidad de programas similares aplicados a ciudadanos ucranianos y afganos, quienes también ingresaron con autorizaciones especiales.

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Críticas a la medida de deportación de Trump

La revocación del permiso de estancia temporal ha generado críticas de diversas organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos humanos. Todd Schulte, presidente de FWD.us, advirtió, en declaraciones a EFE, que la eliminación del beneficio podría provocar la pérdida de hasta 240.000 empleos en sectores clave de la economía estadounidense, como la manufactura, la construcción, el sector sanitario y el turismo. Según sus datos, más de 40.000 puestos de trabajo desaparecerán solo en la industria fabril.

Desde el Justice Action Center, su fundadora Karen Tumlin calificó la decisión como “innecesaria y cruel”, al considerar que pone en riesgo a miles de familias que huyeron de contextos de persecución y violencia. A su vez, recordó que la ley migratoria ha otorgado históricamente a los presidentes la facultad de aplicar permisos temporales en función del interés nacional.