Elecciones Nicaragua: cinco claves para entender la concentración del poder de Ortega
Todos los poderes del Estado en Nicaragua están alineados con el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades, según la Corte IDH
Nicaragua celebrará este domingo 7 de noviembre unas controvertidas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, quien lleva 14 años en el poder, podría obtener un cuarto mandato consecutivo con sus principales adversarios en prisión. El control de Ortega sobre las instituciones del Estado es total: Ejército, Policía, Congreso, Consejo Supremo Electoral, Poder Judicial y Fiscalía, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Pacto para control de poder
Ortega llegó al poder en los años 80′s, en medio de una guerra civil tras el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ante el dictador Anastasio Somoza en 1979. Se mantuvo en el poder hasta 1990, y fue derrotado en las urnas por Violeta Barrios de Chamorro. Es por ello que Ortega condujo a una transformación del partido FSLN y negoció en 1999 un pacto con el expresidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2002) para repartirse cuotas de poder en todas las instituciones del Estado.
En el 2007, Ortega volvió al poder ganando las elecciones. Desde ese momento impulsó una política de izquierda pragmática, negoció con organismos financieros y tuvo una alianza con los grandes empresarios y relación comercial con Estados Unidos.
Cuestionado. Presidente ha respondido duramente a las críticas contra su Gobierno. Foto: AFP
Control constitucional
Las reelecciones de Ortega se han dado debido a movimientos parlamentarios a su favor. Fue presidente de nuevo en el 2011 por un amparo de un fallo judicial del 2009 que declaró inaplicable solo para él la prohibición constitucional de la reelección sucesiva.
En 2016 consigue quedarse en el poder (ganando sin rivales) por una reforma constitucional del 2014 que avalaba la reelección presidencial indefinida. Esta reforma incorporaba reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos de los nicaragüenses, señaló un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La “copresidencia”
El dictador Orteaga se ha encargado de distribuir y extender su poder a su familia, debido a ello sus opositores lo acusan de nepotismo. Su esposa Rosario Murillo fue primero su portavoz oficial y desde 2017 su vicepresidenta. “Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, o sea aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario”, dijo Ortega recientemente en un acto público.
Asimismo, sus hijos son dueños o dirigen medios de comunicación oficialistas, y algunos ocupan cargos públicos.
Explosión social
En abril de 2018 estalló el descontento de parte de la población por actos de corrupción y abuso de poder. El detonante que hizo que varios grupos de estudiantes salieran a protestar fue una reforma a la seguridad social.
Desde ese momento, el movimiento se extendió y exigió la renuncia de Ortega. Por cinco meses el país estuvo semiparalizado con bloqueos de carreteras. La represión, en la que participaron grupos paramilitares, dejó al menos 328 muertos, según la CIDH.
Arresto. Chamorro lleva semanas privada de libertad. Foto: AFP
Represión y detención
Luego de la represión y fracaso del diálogo entre Gobierno y oposición, se dieron capturas selectivas. De la misma forma, a fines de 2020, el Gobierno dictó leyes sobre “agentes extranjeros”, defensa de soberanía y “ciberdelitos”, que imponen duras penas de cárcel a acusados de “traición a la patria” y “lavado de activos”, a quienes promuevan sanciones contra el país o difundan “noticias falsas” según su criterio.
Bajo esas leyes, 39 personas fueron detenidas desde junio: siete aspirantes presidenciales, activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas. “Con la fuerza bruta, logró inmovilizar a la población. No hay democracia. Estamos casi en un callejón sin salida”, afirmó en Managua a AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Con información de AFP
