Confirmado | Esta ciudad de EE.UU. ordena modificar los arrestos migratorios del ICE a partir del 1 de octubre

Recientemente, la Legislatura de Connecticut, en Estados Unidos, aprobó un proyecto de ley que impacta en los arrestos migratorios y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre. De acuerdo con la disposición legislativa, prohíbe que los oficiales utilicen máscaras faciales, también restringe los arrestos por ofensas civiles en lugares protegidos y cambia el uso de los sistemas de lectura de matrículas.

¿Qué dice la ley sobre los arrestos migratorios en Connecticut?

La sesión legislativa de 2026 de la Legislatura de Connecticut aprobó la Ley Pública 26-14, que establece una serie de normativas para fortalecer la rendición de cuentas gubernamentales y proteger los derechos civiles. Uno de los puntos clave de la normativa impacta solamente en los procedimientos de detención de inmigrantes.

La medida prohíbe que los representantes de las fuerzas del orden locales, estatales o federales puedan detener o arrestar a una persona en los terrenos de los tribunales e instalaciones estatales o municipales por una ofensa civil (como faltas o infracciones migratorias civiles). Esta sección regirá desde el 1 de octubre.

Con la entrada en vigor de la norma, para realizar una detención de este tipo en tribunales, el agente tendrá que notificar previamente a un funcionario judicial y presentar documentación que acredite que la persona tiene una orden judicial de arresto.

El incumplimiento de esta norma puede sancionarse como desacato al tribunal y permite a la persona afectada interponer una demanda civil para poder solicitar una indemnización por años o reparación equitativa.

Uso de lectores de placas para arrestos migratorios en Connecticut

Además, la legislación impacta directamente en las estrategias utilizadas por los agentes federales para rastrear la actividad de un migrante. Ahora se prohíbe de manera explícita el uso de sistemas o datos de lectores automáticos de placas de matrículas (ALPR) para investigar presuntas violaciones migratorias o colaborar en cualquier actividad de control migratorio civil o penal.

También se prohíbe la recopilación de datos de ALPR fijos en o cerca de organizaciones comunitarias sin fines de lucro que atienden principalmente a comunidades inmigrantes.