En busca de mayor presupuesto. Rectores de universidades públicas y privadas coinciden en que para mejorar la calidad educativa se requiere más fondos de parte del Estado. Bajos sueldos hacen poco atractiva la carrera pública de los catedráticos.,Desde que el 8 de julio del 2014 se promulgó la nueva Ley Universitaria y el ex presidente Ollanta Humala la calificó como "trascendental" en el cambio de la política de la educación superior en el país, lo avanzado para implementar esa norma aún es insuficiente y la falta de recursos es uno de sus principales problemas. PUEDES VER: ‘Gota a gota’: nueva modalidad de delito impuesta por las mafias colombianas Pese a la rebeldía inicial de gran parte de las universidades públicas, a la fecha 27 de las 31 institucionalizadas se han adecuado a las normas que establece la ley, en cuanto a nuevos estatutos (reglamentos) y autoridades elegidas mediante el voto universal de docentes y alumnos. Los casos emblemáticos pendientes en la renovación de rectores son los de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la San Luis Gonzaga de Ica, la Micaela Bastidas de Apurímac y la de Tumbes. Ellas siguen con autoridades interinas que fueron elegidas en medio de problemas. Además, solo siete universidades –únicamente privadas– han logrado el licenciamiento institucional ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Para ello tuvieron que aprobar condiciones básicas de infraestructura, aulas y laboratorios, docentes calificados, entre otras. La norma no solo obliga aspectos formales en el sistema universitario, como la creación de la Sunedu, nuevos estatutos y autoridades, sino también otros requisitos para lograr una mejora en la educación, como docentes con estudios de maestría y doctorado, el pago de una bonificación adicional para los investigadores, y el conocimiento de un idioma extranjero de los alumnos de pregrado. Son estos puntos los que para los rectores de las universidades, sobre todo los de las públicas, se hacen complicados de implementar. El presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), Jorge Alva Hurtado, quien además es rector de la UNI, señala que si bien respalda la Ley Universitaria, los fondos insuficientes dificultan que se logre los objetivos para una mejor calidad educativa. Así, explica, como ejemplo, que a la UNI el Estado le entregó 130 millones de soles para el 2016, pero esa universidad necesita 260 millones para funcionar. La alternativa que les queda es obtener la diferencia de recursos directamente recaudados, como venta de prospectos de admisión, consultorías y servicios, y los ingresos de un campo petrolero que poseen en el norte. "Y me informan que el presupuesto de las universidades para el 2017 no se ha incrementado", expresa. Pero, ¿en qué perjudica la falta de dinero para la mejora de la educación universitaria? Alva Hurtado señala que los sueldos que recibe un docente universitario y los requisitos que pide la nueva ley para enseñar hacen poco atractivo ese puesto de trabajo. Un profesor auxiliar de una universidad pública gana en promedio 2.000 soles al mes si es nombrado, pero si es contratado ese monto es de solo 1.400 soles mensuales. "Así es difícil contratar profesores con los requisitos que pone la ley, no tanto en Lima porque tenemos más recursos, pero en el interior es complicado porque no hay recursos humanos y el sueldo no es atractivo. Lo que hacen las universidades es bajar la valla. Ese es el problema", explica Alva. Es por ese motivo que la ANUPP ha pedido que empiece la homologación de sueldos de los docentes con los de los magistrados del Poder Judicial, conforme lo establece la ley. "Hemos tenido reuniones con el ministro de Educación (Jaime Saavedra) y funcionarios de la Sunedu. Se está proponiendo una ley de carrera pública, pero las discrepancias se dan en el tema de sueldos", detalla el presidente de la ANUPP. PUEDES VER: La Molina: tras chocar su vehículo intentó huir pero provocó otro accidente | VIDEO Otra demanda de las universidades públicas es que se haga efectivo el pago de 50% de remuneración adicional a los docentes investigadores. En ese mismo sentido, Alva señala que la falta de recursos dificultaría la enseñanza de un idioma extranjero a los alumnos de pregrado. "Si no hay apoyo del sector público sería complicado tener la ley implementada", acota. Al respecto, el promotor de la Ley Universitaria, el ex congresista Daniel Mora, reconoce que no se ha avanzado mucho en las reformas educativas que propone la ley, pero aguarda que esto se logre en los próximos tres años. Mora admite que la ley requiere que el Estado desembolse mayores recursos para que la ley cumpla su objetivo de mejora de la educación. Desde que se aprobó la ley, el Ministerio de Educación ha tenido intentos para entregar más fondos a la universidad pública. Así, ha transferido 90 millones de soles a 12 de ellas, las más emblemáticas, a condición de que cumplan mejoras educativas y administrativas. También viene ofreciendo la Beca Catedrático, para que 400 docentes inicien sus estudios de posgrado en las mejores universidades del país. Además, se realizó el Primer Programa de Alta Gerencia en Educación Superior Universitaria, dirigido a rectores, vicerrectores y decanos. Mora considera que la homologación de los sueldos de los docentes debe darse en las universidades que ya tienen nuevas autoridades y están adecuadas a la ley. Sin embargo, dice que en los últimos años las universidades públicas solo han gastado el 47% de su presupuesto. "Les sobra la plata. La universidad del Cusco tuvo que devolver hasta la tercera parte de su presupuesto. Así no pueden exigir más dinero con una pésima gestión". Además, el ex congresista sostiene que la rebeldía de un grupo de universidades privadas se debe a que no quieren ser supervisadas por la Sunedu y cumplir con algunas exigencias como tener 25% de docentes a tiempo completo, un tope de porcentaje de crédito fiscal, otorgar dos meses de vacaciones a los docentes, ni que requieran de maestrías. Universidades privadas El presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Iván Rodríguez, coincide en que la falta de presupuesto causa problemas para implementar la ley. "Tener mejores bibliotecas, equipos, laboratorios y docentes implica inversión", sostiene. No obstante, también critica que la ley es coactiva para la universidad privada. Así, sostiene que está en contra de algunas medidas como exigir un número de docentes a tiempo completo. "Eso va a incrementar nuestros costos", apunta el también rector de la Universidad Ricardo Palma. Claves El mes pasado, la Sunedu denunció a 34 miembros de la Asamblea Estatutaria de la Universidad de Tumbes por los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de funciones. En la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, el rector interino, Víctor Gallegos, está enfrentado con miembros de la Asamblea Estatutaria. El próximo domingo, alumnos y docentes de la universidad San Marcos elegirán a sus nuevos miembros de la Asamblea Universitaria.
