Once de 31 universidades públicas aún no eligen a sus nuevas autoridades

Balance de la implementación de la Ley Universitaria. Se van a cumplir dos años de implementada la norma y hasta hoy existen ocho universidades con rectores interinos, dos sin estos y otra aún gobernada por una comisión reorganizadora designada por la ANR. Sunedu espera que todas renueven a sus autoridades en el primer semestre., La implementación de la Ley Universitaria cumplirá dos años en julio próximo y en ese tiempo se han registrado las primeras acciones que buscan que la calidad de la enseñanza en las 142 universidades públicas y privadas del país mejore progresivamente. El objetivo es que se fomente la investigación dentro de las aulas luego de décadas de retraso y que el egresado pueda obtener conocimientos que le sirvan en su vida laboral. Sin embargo, la resistencia continúa. PUEDES VER: Solo en ingenierías y ciencias básicas faltan más de 13 mil investigadores En estos casi dos años, se cerró la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y se dispuso una fecha límite (31 de diciembre del 2015) para que las 31 universidades públicas institucionalizadas, es decir, con autorización definitiva, cambiaran a sus rectores, vicerrectores y decanos, y además aprueben su estatuto. Pues bien, transcurrido el plazo dispuesto por la Sunedu, solo 20 de las 31 universidades públicas han cumplido con elegir a sus nuevas autoridades. Estas son: la Universidad Nacional San Antonio de Abad (Cusco); la Agraria La Molina (Lima); la Jorge Basadre (Tacna); la San Agustín (Arequipa); la de San Martín; la del Centro del Perú (Junín); la de Huancavelica; la Santiago Antúnez de Mayolo (Áncash); la Agraria de la Selva (Huánuco) y la San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho). También cumplieron con la medida la Universidad Nacional del Altiplano (Puno); la Amazónica de Madre de Dios; la de Piura; la Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque); la de Ingeniería (Lima); la del Callao; la Daniel Alcides Carrión (Pasco); la de Trujillo (La Libertad); la de Ucayali y la Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. No obstante, hay todavía ex rectores que señalan que si bien el cese de sus funciones se establece en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria, en esta misma no se señala ninguna fecha límite. La última autoridad elegida bajo la antigua ley debía dejar el cargo en el 2019. Ese fue el mayor problema y el sustento para la resistencia a la medida. A la fecha, 11 universidades no han elegido a sus nuevos rectores, vicerrectores y decanos. De ese grupo, 8 cuentan con autoridades interinas como sucede en la Universidad Nacional del Santa; la Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta); la Villarreal; la de Cajamarca; de la Amazonía Peruana; la Hermilio Valdizán; la San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Se ha designado a estas autoridades provisionales para que continúen con todas las actividades administrativas y académicas de la universidad y evitar que esta se quede descabezada. Además, estas fueron elegidas porque, por ejemplo, ex rectores como Pedro Cotillo, en San Marcos, y Alejandro Encinas, en la Gonzaga de Ica, se resistieron a dejar el cargo cumplida la fecha límite. En la primera casa de estudios, en enero pasado, los alumnos, docentes y trabajadores tuvieron que unirse para sacar a Cotillo y colaborar para que la UNMSM empiece a adecuarse ante los retrasos generados. Fue así como se eligió a Antonia Castro como rectora interina. En la Gonzaga de Ica, los estudiantes han sufrido hasta hace poco porque no se designaba a una autoridad que firme grados y títulos y que convoque al proceso de admisión. Recién este mes, luego de una serie de pugnas entre grupos de docentes, la Sunedu reconoció a Víctor Gallegos como rector interino, aunque es la única de las 8 que no tienen vicerrectores. En estas ocho universidades con rectores interinos se vivió y se vive una situación similar. Solo San Marcos no cuenta con estatuto (reglamento). Y en todas aún no se ha establecido un cronograma para la elección de las nuevas autoridades designadas bajo las reglas de la Ley Universitaria (Ley Nº 30220). Según la titular de la Sunedu, Lorena Masías, se espera que en el primer semestre del año en estas 8 universidades, los rectores y vicerrectores interinos ya deberían entregarles los cargos a las nuevas autoridades. De esa manera, serían 28 las casas de estudios que se habrían adecuado a la norma. Diario La República Con serios problemas Pero ¿qué pasa con las otras tres universidades con autorización definitiva que completan la lista? La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Huacho); la de Tumbes y la Micaela Bastidas de Apurímac no cuentan ni siquiera con rectores y vicerrectores interinos, por lo que si situación es preocupante. En el caso de la primera, se efectuaron elecciones de nuevas autoridades antes del 31 de diciembre (fecha límite); no obstante, fueron observadas por la Sunedu y se espera que se designe al rector interino. En la Universidad Nacional de Tumbes, se conformó la Asamblea Estatutaria, encargada de aprobar el cronograma de las elecciones de nuevas autoridades. Sin embargo, esta se dividió y cada una –en el plazo establecido– eligió a sus respectivos nuevos rectores. Hoy aún no se ponen de acuerdo y por eso ni siquiera hay un interino. Para Masías, estas dos casas de estudios podrían adecuarse también a la Ley Universitaria en el primer semestre del año. Sin embargo, en el caso de la tercera, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba), la situación es muy crítica. Gracias a una medida cautelar emitida por un juez, en esta aún se mantiene en el poder una comisión reorganizadora designada por la ANR. A diferencia de la Sánchez Carrión y la de Tumbes, en la Unamba, este grupo sí firma grados y títulos y puede convocar a un examen de admisión. "Es una situación atípica. No se puede elegir a un rector interino ni continuar con la adecuación a la ley hasta que se revoque esa medida cautelar", señala Masías, de la Sunedu. Pero la Ley Nº 30220 no solo se enfoca en estas 31 universidades públicas institucionalizadas. En el país, también hay otras 20 nacionales que tienen autorización provisional y 91 privadas con las que en total son 142 casas de estudios que deben cumplir con las nuevas reglas. De acuerdo con el director de Educación Superior Universitaria del Minedu, Juan Antonio Trelles, en los últimos años se han creado universidades indiscriminadamente. "El hecho que no sean autosostenibles económica y académicamente ha ocasionado que, de las 20 creadas (públicas y privadas), 10 no funcionen", agrega. Esto último es lo que pasa, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (Huancavelica), donde en los últimos días se han registrado protestas de pobladores que piden que empiece a funcionar. Para el viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figallo, estas 20 universidades creadas son provisionales (en proceso de formación) y empezarán a funcionar o terminarán de institucionalizarse en tanto se conformen asambleas estatutarias y tengan las condiciones adecuadas para someterse al proceso de adecuación a la ley. Algunas son: la Universidad Nacional de Juliaca; la de Jaén (Cajamarca); la de Barranca; la de Cañete; entre otras. Sobre la situación de las 91 universidades privadas (46 son provisionales), Figallo precisa que la mayoría se viene adecuando. Según él, casi todas han elaborado sus estatutos y algunas católicas aún tienen trámites con autoridades del Vaticano. En este sector, la Sunedu no puede supervisar el proceso de elección de autoridades. Diario La República Licenciamiento La titular del Sunedu aclara que las universidades privadas serán fiscalizadas a través del proceso de licenciamiento que determinará si cumplen con las condiciones básicas, ya sea de infraestructura, oferta educativa, docentes y planes de estudio. Esto para seguir operando. "Ahí veremos si en sus estatutos presentan los objetivos académicos". La idea es acabar con aquellas denominadas "chichas". Desde noviembre pasado, son 16 universidades, tanto públicas como privadas, las que vienen siendo evaluadas. La meta es que a fines del 2018 o inicios del 2019 todas tengan una autorización acorde con las exigencias de la ley. "Universidades no pueden pedir ser acreditadas" Si bien el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) sigue funcionando, las universidades públicas y privadas no pueden pedir nuevos procesos de acreditación. Así lo afirmó el viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figallo, quien dijo que la entidad solo puede acreditar los pedidos que se habían realizado o los que ya estaban en marcha antes de la promulgación de la nueva ley. "La norma señala que mientras no se reorganice el Sineace no se pueden solicitar nuevos procesos porque se van a cambiar las condiciones de la acreditación", aseveró. Ahora, Sineace sigue operando con una comisión ad hoc hasta que se apruebe en el pleno del Congreso el proyecto de ley que crea el Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior (Copaes). Este plantea extinguir al Sineace. Según Figallo, si el pleno del Congreso no aprueba el proyecto del Copaes, se generaría una situación de incertidumbre en el proceso de acreditación porque al Sineace ya se le ha recortado sus funciones con la ley. Él negó conflictos entre el Minedu y el Sineace. En el 2015, Sineace otorgó 100 acreditaciones a colegios, institutos y universidades. En cifras 43% de profesores han realizado una investigación en los dos últimos años. 13 universidades públicas fueron creadas solo entre el 2010 y 2011. De estas, solo tres funcionan. Enfoque Por Ada Gallegos. Directora Ejecutiva de ASUP. Se debe revisar la ley universitaria A casi dos años de implementada la Ley Universitaria, el balance es negativo. La universidad está sufriendo un retroceso de 20 a 30 años, ya que se aprueban leyes sin consenso que no muestran políticas públicas sostenibles. Uno de los argumentos fue enarbolar la bandera de la calidad de la educación, pero no basta una ley para lograr eso, por arte y magia. Hay tres aspectos que caracterizan este proceso de implementación. El primero es uno de carácter autoritario y punitivo, porque la Sunedu solo reconoce a autoridades cercanas a ella; el segundo se caracteriza por un carácter arbitrario y discriminatorio, porque para unos se aplica la ley y para otros no; y el tercero se basa en el sometimiento de la universidad por parte del gobierno de turno, ya que si es crítica a sus acciones, su licenciamiento está en juego. Además ya no hay sistema de acreditación. Espero que el gobierno entrante la revise.

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