Juntos por el Perú propone ampliar el Reinfo hasta 2028 y elevar pagos por concesiones de grandes empresas

La congresista Analí Márquez (Juntos por el Perú) presentó un proyecto de ley que plantea extender hasta el 31 de diciembre de 2028 el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Además, propone elevar los pagos anuales por concesiones mineras en función de la superficie que acumula cada titular, con tarifas que llegarían hasta los US$20 por hectárea para quienes concentren más de 100.000 hectáreas.

El proyecto de ley 00744/2026-CR vincula la ampliación del Reinfo con la culminación de un censo nacional de mineros y la revisión de concesiones que no registren actividad productiva. Si ambas tareas concluyen antes de diciembre de 2028, el proceso de formalización terminaría 60 días después de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficialice su culminación mediante un decreto supremo.

Juntos por el Perú plantea extender el Reinfo hasta diciembre de 2028

Durante la ampliación, los registros del Reinfo conservarían sus efectos, aunque seguirían sujetos a las causales de suspensión y exclusión establecidas. La propuesta no contempla reincorporar automáticamente a quienes ya fueron retirados del registro ni habilitar actividades mineras en zonas prohibidas.

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Para sustentar el cierre del proceso, el proyecto encarga al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al Minem y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) completar el censo y actualizar la información sobre los operadores mineros. El objetivo es contar con un padrón que permita identificar a quienes realizan actividades de pequeña minería y minería artesanal, además de ordenar la información necesaria para revisar los derechos mineros.

Concesiones de grandes empresas pagarían hasta US$20 por hectárea

Otro de los cambios centrales está en las tarifas que pagan los titulares para mantener vigentes sus concesiones. El proyecto propone establecer montos diferenciados según la extensión total de terreno acumulada por cada titular. Quienes tengan hasta 10.000 hectáreas pagarían US$3 por hectárea al año; los que concentren más de 10.000 y hasta 50.000 hectáreas, US$5; quienes superen las 50.000 y lleguen hasta 100.000 hectáreas, US$10; y los titulares con más de 100.000 hectáreas, US$20.

La tarifa se aplicaría sobre toda la superficie acumulada y no únicamente sobre las hectáreas que excedan cada tramo. En cambio, los pequeños productores mineros mantendrían un pago de US$1 por hectárea y los productores mineros artesanales, de US$0,50.

La iniciativa también plantea que el Ingemmet cruce la información catastral con los registros de Sunarp y Sunat para identificar a los titulares y las empresas vinculadas bajo un mismo control. Los resultados se publicarían cada seis meses, con el propósito de transparentar la concentración de derechos mineros.

Concesiones sin producción podrían perder vigencia después de 15 años

Por otro lado, el proyecto plantea que las concesiones que no alcancen la producción mínima exigida puedan perder su vigencia después del año 15. Sin embargo, contempla ampliaciones de plazo para los titulares que acrediten actividades de exploración, estudios ambientales concluidos, inversiones en prospección o contratos de explotación vigentes con operadores en proceso de formalización.

En determinados casos, el plazo podría extenderse hasta el año 20 y, para titulares que acumulen como máximo 10.000 hectáreas y cumplan requisitos adicionales, hasta el año 30. Durante estas prórrogas se aplicaría una penalidad equivalente al 10%.