Reinfo será ampliado hasta 2026: el círculo vicioso de extensiones y los desafíos del sector minero

Tras la aprobación de una nueva prórroga del Reinfo en el último Congreso unicameral, los representantes de gremios mineros, sociedad civil e instituciones vinculadas al sector comparten sus reflexiones sobre las implicancias de esta medida y los temas pendientes que deberían priorizarse en el venidero año electoral.

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Reinfo: "un año no es suficiente para discutir una nueva norma"

Magno Palomino - Coordinador de Confemin

Las jornadas de lucha de los mineros artesanales han sido para defender nuestro trabajo ante el vencimiento del proceso de formalización. En vista de que no se aprobó una Ley Mape, no quedaba otra alternativa que pedir una ampliación. Sin embargo, esta extensión no está cumpliendo nuestras expectativas, ya que el plazo de un año no es suficiente para poder discutir en el Congreso y en el Poder Ejecutivo una nueva norma.

Por un lado, el gobierno no ha tenido la capacidad de impulsar una buena propuesta de ley que recoja los aportes de todos los sectores y se ha limitado a convocar mesas que han sido “tomaduras de pelo”. En el caso del Congreso, no se ha obtenido el consenso necesario para aprobar una norma de la pequeña minería, que finalmente tuvo que archivarse.

Como vemos, no se toma el toro por las astas. Entonces, para el 2026, vamos a insistir en que se reformule el proyecto de Ley Mape a partir de un nuevo proceso de diálogo y con la complicación de que el reglamento del Congreso no considera una Comisión de Energía y Minas.

Queremos hacer entender a las autoridades que, si no se cambian las leyes para el proceso de formalización, no encontraremos resultados. El principal problema está en la acreditación del contrato de explotación, cuyo otorgamiento recae en los concesionarios. Planteamos como alternativa la servidumbre minera.

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"Prórroga del Reinfo posterga las soluciones de fondo"

Gustavo De Vinatea - Gerente General del IIMP

La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 evidencia una realidad preocupante: el proceso de formalización minera no está dando resultados. Un mecanismo que debió ser estrictamente temporal se ha convertido, a fuerza de prórrogas, en un sistema que normaliza la informalidad y debilita la institucionalidad.

La formalización minera requiere reglas claras, procedimientos verificables y plazos definidos. También exige recuperar el principio de autoridad del Estado y asegurar que las normas se cumplan. Sin ello, se termina desincentivando al minero formal y premiando a quienes no demuestran voluntad real de cumplir con la ley.

En ese sentido, hubiera sido un error reincorporar al proceso a aquellos 50.000 inscritos que, durante años, no acreditaron un compromiso genuino con la formalización, teniendo más de una oportunidad para regularizar su situación. El esfuerzo del Estado debe enfocarse en proteger al formal y brindarle herramientas reales para desarrollarse de manera sostenible.

Para ello, el Congreso debe priorizar ahora el debate para una Ley Mape, que promueva a la pequeña minería con criterios técnicos y de sostenibilidad, propiciando en ella el trabajo decente y el cuidado de un entorno saludable. Es indispensable que desde el Legislativo se garantice la neutralidad y visión técnica en torno a estos temas, considerando la gran cantidad de filiaciones políticas por parte de titulares de Reinfo. La política pública no puede responder a intereses particulares ni a cálculos de corto plazo.

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“Debería cambiarse el régimen de concesiones”

Marco Arana - representante de Grufides

Los efectos inmediatos de la ampliación del Reinfo van a ser que todos aquellos que pudieron formalizarse y no quisieron, pasen a ser pasibles de la protección o de la no intervención de las autoridades para criminalizar sus actividades. En Cajamarca, un 70% de los reinfos estaban suspendidos, es decir, 1.200 titulares.

A partir de esta aprobación, esos 1.200 que habían pasado a la condición de ilegalidad ahora serán sujetos de impunidad. Sin duda, la minería informal e ilegal tiene sus tentáculos en el propio Congreso que hizo 53 modificaciones a la Constitución. Resulta curioso que no hayan reformado el articulado referido a las concesiones mineras, el cual abre la puerta a un proceso de acaparamiento.

Tengamos en cuenta que, más del 80% de concesiones no están siendo utilizadas y sirven como freno para que puedan formalizarse los pequeños mineros. Entonces, debería cambiarse el régimen de concesiones en la Constitución Política de nuestro país y mejorar la institucionalidad ambiental.

No nos olvidemos que hace unos años, las grandes mineras quisieron desaparecer el OEFA y durante el gobierno de Dina Boluarte, descabezaron el Senace. Necesitamos reformas que permitan que la minería artesanal pueda tener mejores instrumentos de gestión ambiental y mayores accesos.

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“Esperamos que exista voluntad para debatir la Ley Mape”

Julia Torreblanca - Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Ratificamos nuestro rechazo a la decisión del Congreso de ampliar el Reinfo por un año adicional. Como todos sabemos, este es un régimen fallido y un escudo que le da impunidad a aquellos que han venido lucrando de manera masiva, sin estar en un régimen formal que beneficie a todos los peruanos.

Entonces, esperamos que en la próxima legislatura exista voluntad política de la Comisión de Energía y Minas de poner en debate la Ley Mape, que es realmente el marco legal que esperamos modernizar para darle sostenibilidad a las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

Para esto, es necesario recordar que la PCM del gobierno anterior hizo llegar aportes para tal fin, los cuales fueron discutidos y consensuados en una mesa técnica en la que participaron muchas entidades del Estado, gremios y mineros en proceso de formalización. En el marco de las próximas elecciones, venimos convocando a un pacto por la gobernabilidad y transparencia a fin de que los partidos y sus candidatos nos aseguren que sus campañas no se están financiando con dinero de la minería ilegal o de otras economías ilícitas.

Finalmente, estaremos vigilantes para que el gobierno de transición pueda dar medidas que permitan fortalecer la lucha contra la minería ilegal, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por parte del Congreso.