
En California, un escándalo ha sacudido al Banco de Alimentos del Sur del Estado Dorado, después de que una demanda revelara el uso indebido de millones de dólares destinados a la asistencia comunitaria. Los recursos que debían servir para apoyar a las personas más vulnerables en la región fueron desviados para financiar lujosos viajes a Las Vegas, renovar viviendas privadas y adquirir vehículos.
Cabe destacar que la empresa sin fines de lucro de Long Beach suspendió casi toda su actividad en septiembre de 2024, tras el cese de fondos estatales y un operativo de la Patrulla de Carreteras de California en sus instalaciones.
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Los directivos del banco de alimentos, según el informe, habrían desviado recursos para realizar una serie de gastos personales de lujo. La demanda acusa a los líderes de una mala administración y de emplear dinero destinado a la ayuda humanitaria en beneficio propio. "Durante al menos la última década, los funcionarios, directores y proveedores del Banco de Alimentos trabajaron juntos para desviar millones de dólares de fondos estatales y federales de estas comunidades más vulnerables a sus propios bolsillos", se lee en la denuncia.
Por varios años, el banco operó como un centro de distribución de alimentos y comidas. Así, brindó apoyo a cientos de despensas en Long Beach y el sur de Los Ángeles, gracias a millones de dólares en fondos proporcionados por el Departamento de Servicios Sociales. La malversación de fondos generó una gran indignación en la comunidad, que depende de las donaciones y los fondos públicos para sobrevivir.
El Banco de Alimentos del Sur de California se encargaba de distribuir comida y recursos a miles de personas, pero ahora enfrenta serias acusaciones que podrían afectar su capacidad para seguir operando.
En una entrevista con The Times el lunes, Brian Weaver, director ejecutivo del banco, expresó su sorpresa y consternación por haber sido incluido en la demanda. Aseguró que desde que asumió el cargo de director ejecutivo durante la primavera de 2024, había estado trabajando para erradicar el fraude dentro de la organización.
Weaver explicó que contrató una firma de contabilidad forense para investigar la corrupción interna tras descubrir pagos sospechosos por millones de dólares. "Casi toda la evidencia que ellos [los fiscales del estado] tienen se basa en la investigación forense que iniciamos", comentó, refiriéndose a la demanda.

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