
Una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump podría cambiar radicalmente el proceso electoral en Estados Unidos. A partir de ahora, los ciudadanos deberán presentar documentos oficiales que acrediten su ciudadanía americana para registrarse y votar en elecciones federales, una medida que ha desatado preocupación entre expertos en derechos civiles por su posible impacto económico y logístico.
Aunque el objetivo declarado de esta nueva normativa es garantizar la legitimidad y transparencia en los comicios, organizaciones de defensa del voto advierten que millones de personas podrían quedar excluidas del proceso electoral por no tener acceso a documentos como pasaportes o identificaciones federales. Además del tiempo y esfuerzo que implica obtener estos documentos, el costo económico también representa una barrera significativa para muchas personas.
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Para cumplir con la nueva exigencia del gobierno federal, los votantes deberán presentar alguno de los siguientes documentos: pasaporte estadounidense, Real ID, identificación militar u otro documento oficial que confirme su ciudadanía americana. Sin embargo, no todos los ciudadanos tienen acceso fácil a estos documentos.
Según datos del Departamento de Estado, solo la mitad de los estadounidenses posee un pasaporte vigente, cuya tarifa estándar de solicitud es de US$160, a lo que se puede sumar US$60 adicionales si se necesita servicio acelerado. Para personas con ingresos limitados o que no suelen viajar al extranjero, esta inversión puede parecer innecesaria o simplemente inalcanzable.
La nueva política, además, no contempla excepciones para quienes ya están registrados para votar, lo que podría afectar a quienes nunca han tramitado un documento federal que acredite su ciudadanía, especialmente entre adultos mayores, comunidades rurales o familias de bajos ingresos.
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El acceso desigual a documentación oficial podría ampliar la brecha electoral entre distintos grupos de la población. Según analistas, las personas más afectadas serían:
La medida, aunque presentada como un mecanismo para reforzar la integridad electoral, podría terminar reduciendo la participación democrática en sectores vulnerables, algo que ya está siendo evaluado por organizaciones legales como una posible violación a la Ley de Derechos Electorales de 1965.

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