El excongresista nacionalista indicó que el juez Richard Concepción Carhuancho “cedió a presiones políticas” para ordenar el regreso al Perú de la ex primera dama. También criticó al Congreso por pedir a la FAO dejar sin efecto designación de Heredia., Santiago Gastañadui, asesor de Ollanta Humala sostuvo que el juez Richard Concepción Carhuancho, quien tiene a cargo el caso de la Nadine Heredia, “cedió a las presiones políticas” del Congreso y el Ejecutivo para ordenar el retorno al Perú de la ex primera dama en un plazo de 10 días. PUEDES VER: Cinco proyectos del gobierno para modificar estructura de la Policía El excongresista nacionalista tildó de “timorato” a la autoridad, ya que “no actuó bajo una decisión fundamentada en hechos y derechos” y se vio obligado a dictar tal medida al sentirse “amenazado y amedrentado”. “El juez ha tomado una decisión más presionado por el Poder Ejecutivo, por el Congreso y por algunos medios, antes que una decisión fundamentada en hechos y en derecho. [El juez] se ha sentido amenazado, amedrentado y ha cambiado de opinión. Y creo que personas que realizan un trabajo tan importante como es administrar justicia, no pueden actuar de esta manera”, declaró en diálogo con RPP. En esa línea, Gastañadui instó a renunciar a su cargo al juez Concepción Carhuancho, puesto que -según él- no ha demostrado entereza para mantener sus decisiones. El exlegislador explicó que el lunes 21 este accedió a que Heredia Alarcón viaje a Suiza para asumir su cargo en la FAO, por lo que cuestionó su “cambio de opinión” ante la solicitud de regreso. “Yo creo que esta persona no está preparada para el cargo. Si no tiene la entereza para mantener sus decisiones, creo que debería renunciar, dar un paso al costado, y darle la oportunidad a otras personas que sí tienen esa solvencia y capacidad para tomar sus decisiones, y no verse expuesto a amenazas, presiones”, agregó. Críticas al Congreso Gastañadui calificó de “vergonzoso” que el Congreso de la República haya solicitado a la FAO dejar sin efecto la designación de la ex primera dama como funcionaria de dicho organismo internacional. “El Congreso ni el Poder Ejecutivo no le pueden decir a la FAO a quién contratan y a quién no contratan. Esta interferencia constituye una grave amenaza en las investigaciones propias que está llevando el Ministerio Público y Poder Judicial”, finalizó.,
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024