Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal Contra el Crimen Organizado, a cargo de la investigación del caso Tía María.,El conflicto social por el proyecto minero Tía María tiene varios frentes abiertos. Uno es el judicial, que tuvo como corolario la prisión preventiva del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, acusado de incitar las protestas sociales y también negociarlas a cambio de un millón y medio de dólares. Gutiérrez, recluido en el penal por 33 meses, salió en libertad la semana pasada por exceso de carcelería. Por eso la fiscal Cárdenas recibió múltiples críticas. Le cuestionan no haber planteado a tiempo la acusación. En esta entrevista da su versión. PUDES VER: Arlette Contreras: “No es solo lo que pasó esa noche, soy víctima del PJ, del sistema” Tras dos años y nueve meses de investigación, ¿qué lectura tiene este proceso, que además de Gutiérrez implica a varios dirigentes opositores al proyecto minero Tía María? Es un caso complejo de criminalidad organizada con 16 acusados. Ha involucrado una serie de acontecimientos. He recogido antecedentes desde el 2011 y luego he fijado los hechos de imputación desde el 23 de marzo del 2015 al 15 de mayo. Existe desazón. Uno de los principales acusados, Pepe Julio Gutiérrez, está libre. ¿Por qué demoró tanto la Fiscalía en formular la acusación y que afronte el juicio en prisión? El 15 de mayo de 2015 se pidió su detención preliminar. La investigación preparatoria se formalizó el 20 de mayo del 2015. El 24 de setiembre de ese año se declara complejo el proceso y se integró al resto de personas del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo. Ahí dijimos que la investigación sería por 36 meses. Desde un inicio sabíamos que el proceso duraría tres años. Frente a esta disposición, ninguna de las partes formuló oposición. La prisión preventiva que se pidió era de nueve meses… Claro. En ese momento, el Código Procesal Penal señalaba que el plazo era de nueve meses prorrogable por nueve meses más. En ese momento, no existía un plazo para las prisiones en Crimen Organizado, que ahora reconoce un plazo de 36 meses y que hay una prolongación adicional de 18 meses. Con la modificatoria de la ley yo hubiese podido continuar con la prisión de Gutiérrez. Lamentablemente fue posterior. Cuando plantea la prisión preventiva, una de las razones para ello era el peligro de fuga. ¿Cómo se explica ahora que Gutiérrez afronte en libertad su juicio? Se le ha fijado reglas de conducta. Hicimos el pedido de una comparecencia con restricciones. Hay muchos casos en los que se fugan... El caso de Gregorio Santos es similar. Se le liberó por exceso de carcelería. Está presente y hace vida política. Cuando nosotros pedimos la prisión preventiva en la vertiente de peligro de fuga es porque el señor domiciliaba en Cocachacra en esos momentos y no había forma de notificarle ningún acto procesal. Su casa era rodeada por manifestantes. Y cuando fue detenido se le encontró su pasaporte, el que se incautó. ¿Qué permite esa comparecencia con restricciones? Se solicitó que no domicilie en Cocachacra sino en Arequipa y el juez acogió el pedido. Solicitaremos su impedimento de salida del país. Además, el estado de salud del señor Pepe Julio, si es que no mintió, es totalmente diferente al que presentaba al momento que se pide la prisión preventiva. Acreditó un informe que tiene una enfermedad al riñón. El peligro de fuga subsiste, pero no como antes. Le hemos pedido al juez que le prohíba que se comunique con los coimputados o los testigos que tenemos y que han sido ofrecidos. Si no cumple con todo esto, podríamos solicitar su prisión. Efectivamente, nos hemos demorado, pero menos de los 36 meses vence el 20 de mayo del 2018. ¿Cuáles son las mayores dificultades que ha encontrado en este caso para formular una acusación? Dificultades, millones. Primero, la sede de esta Fiscalía no estaba en Cocachacra. Estaba impedida de viajar por seguridad, mi vida corría peligro si acudía a la zona de los hechos. Mis adjuntos viajaban de encubiertos para recabar los testimonios de los testigos protegidos. Nadie quería declarar al Ministerio Público. En todo el valle había una sensación de temor. El primer año de investigación no obtuvimos pruebas suficientes. Luego ya, con los testigos protegidos, hemos sustentado esta acusación y hemos tenido que garantizarles su seguridad. Todos están con clave. Esperamos que el señor Pepe Julio no influya en ellos. Pero si están protegidos, ¿cómo podría influir sobre ellos? La carpeta es abierta para las partes. Por los hechos que narran, pueden inferir de quién se trata. Ese es el riesgo que corre todo testigo protegido. Hemos tratado de consignar los menores detalles pero el valle es un pueblo pequeño, todo se sabe. ¿Todo eso justifica el retraso en la investigación? La defensa presentó una serie de recursos que hizo que la carpeta esté mucho tiempo en una sala de Lima. Presentaron dos casaciones. Una por la prisión preventiva contra Pepe Julio, la cual fue resuelta recién el 18 de marzo del 2016, hasta ahí yo no sabía si la prisión preventiva iba a seguir o no. Y la otra es la excepción de improcedencia de acción (ser apartado de un proceso de investigación) que interpuso Jesús Gómez Urquizo, abogado externo de Southern. También llegó a casación (revisión de una resolución) a la Corte Suprema. Hasta enero del año pasado, el Ministerio Público, respecto al delito de tentativa de extorsión en agravio de la empresa, no podía estar seguro sobre si iba a proceder o no. La Suprema tenía que decidir si había delito de extorsión o no cuando el agraviado no se consideraba agraviado. Este pronunciamiento era definitivo para saber si seguía el caso o no. La Suprema al final la declaró inadmisible y no se pronunció sobre el fondo del asunto. Todo eso impidió que el Ministerio Público haga una teoría del caso consistente. Usted denunció amenazas de muerte e incluso pidió que el caso se vaya a Lima. Cuando recién empezó la investigación e incluimos al abogado Héctor Herrera, vinieron unos pobladores del Frente Anticorrupción a intimidarnos, gritaban que yo era una corrupta, pedían pena de muerte. También a la salida de las audiencias, los familiares del señor Pepe Julio me decían "te vas a morir". No formulé las denuncias porque era darle más cabida al amedrentamiento. Si yo demuestro temor es muy posible que mis testigos no vayan al juicio (...) Pedí que el caso se vaya a Lima para que, lejos de cualquier presión, esto se resuelva adecuadamente. Pero me ratificaron. Pero no solo al Ministerio Público hay que achacarle todas las demoras. Hubo un Poder Judicial que ha resuelto una casación después de dos años. Por la demora, los reflectores están ahora sobre usted. Porque el fiscal es el que construye el proceso acusatorio, pero hay un juez de garantías, de etapa investigatoria, de etapa intermedia y hay órganos superiores. El caso, en un inicio, estuvo marcado por los disturbios. ¿Sintió la presión política? Puedo decir que presión política no hubo, sí la mediática. Todo el mundo estaba pendiente. Desde un inicio la defensa dijo que este caso era político y muy probablemente acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto que el Perú ha perdido casi todas sus demandas ante esta, y esa ha sido la razón por la que no he insistido en la prisión preventiva aplicando una norma no vigente en el tiempo. En ese sentido, ¿qué pasa si en juicio él es declarado inocente y estuvo 33 meses preso. ¿Cómo se repara eso? Considero que hay pruebas para la acusación por delito de tentativa de extorsión en agravio de la empresa. Existe el audio, existe una pericia que dice que es su voz y que él no lo haya negado para mí es prueba suficiente. Él ha guardado silencio. Ahí tenemos un estándar probatorio suficiente porque el audio es clarísimo. La amenaza extorsiva llega a desprenderse, llega a pedir el dinero y a decir cuáles serán las consecuencias. En la acusación se sostiene que el señor Gutiérrez recibió más de 193 mil soles del abogado externo de Southern. ¿Por qué Southern no está dentro de la acusación? Antes habría pagado un soborno. Esos datos vienen del año 2011. En el levantamiento del secreto bancario, Jesús Gómez Urquizo gira ese cheque a Gutiérrez. En ese momento, como hasta ahora, Pepe Julio no era funcionario público. En nuestro país no hay una figura que sancione a quien entrega dinero a una persona natural. Es una falta ética y moral, pero no es delito. No hay funcionario público a quien corromper. Se ve una suerte de conexión malsana entre la empresa y la dirigencia. Gutiérrez recibió 193 mil y quería millón y medio de dólares... Por eso sacamos a la luz este dato. Permite establecer un patrón de conducta en el acusado. ¿Este dato no termina convirtiéndose en un arma de doble filo porque demuestra que hubo concertación y el presidente de la Southern dijo que nunca se sintió extorsionado? La Suprema es la que tenía que responder eso, si un agraviado determinaba o no la comisión de un delito. No se ha pronunciado. Consideramos que el agraviado no tiene injerencia en la configuración del delito, porque basta que el autor quiera recibir dinero a cambio de no realizar un acto de violencia contra la integridad personal o patrimonial de esa persona a la que le pide el dinero. Lo que se juzga no es la conducta del agraviado, sino del acusado. Se han realizado otros juicios contra personas que participaron en los disturbios del 2015 en el valle de Tambo, casi todos han sido absueltos. ¿Usted confía que su caso prospere? Tengo otra visión de los hechos, veo quién dirigió y solventó los disturbios. Mi investigación va a los dirigentes (...) Hay videos de ellos dirigiendo las masas, no participan, es verdad, porque no tiran una piedra. Incluso hay un video de reconocimiento de Jesús Cornejo donde se indica que los agricultores tenían que pagar 50 céntimos si querían sacar un saco de arroz de las molineras. Ellos solventaban las protestas y las dirigían tanto en Islay como en Arequipa para poner en zozobra a la población. Según su tesis, Pepe Julio azuzaba a la masa durante las protestas. ¿Ahora no hay un temor que estando libre reactive todo esto? Le corresponde al Servicio de Inteligencia de la Policía hacer el seguimiento. Desde mi percepción, él ha perdido credibilidad (...) Es más, los testigos vinieron a declarar porque perdieron la fe en ese líder. Se ha dicho de usted que llevó este caso por un capricho y que es un títere de la Southern. No es un capricho mío. La doctora Miriam Herrera, como fiscal coordinadora penal, remite el audio a este despacho. Indica que para ella habría un caso de crimen organizado. Si soy honesta, hubiese preferido otro caso de cualquier naturaleza antes que este, por la connotación política que tiene. De mí se dijo muchas cosas (...) ¿Existe o no una relación estrecha entre usted y la Southern? Si tuviera algún tipo de acercamiento, entonces González Rocha (presidente del Southern) habría dicho lo que yo quería escuchar. Al contrario, este despacho está luchando no solo contra los acusados sino contra la minera, porque en lugar de ser un testigo a favor como agraviado, ha perjudicado el proceso. ¿Cómo así? Declarando que no se siente agraviado, que no se le ha causado ningún daño. Entonces de qué manera podría yo tener un acercamiento con la empresa si al revés, ellos no han facilitado mi teoría del caso. Si directamente no hay un afectado, el caso se cae. Está identificado, es claramente la minera porque no ha podido hasta ahora poner una sola piedra en su proyecto. Que el agraviado no se sienta como agraviado es una cosa muy diferente. Tendrá sus razones, lo explica en un comunicado donde dice que tienen acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y no pueden ver, de algún modo, ensuciada su trayectoria reconociendo este tipo de sobornos. Esto lo dijo Gonzales Rocha en la revista Caretas y yo la he ofrecido como parte de mis elementos de convicción (pruebas). Pasa esto por la conveniencia en los negocios de ellos.
