Almagro versus Almagro

La confesión de Almagro salió mal. Contó – supongo que con el ánimo de decir que no hubo canje de indulto por salvar de la vacancia – lo que terminó siendo una constatación más de que el indulto es político y no humanitario.

11 Feb 2018 | 6:05 h

El viaje oficial a Lima del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, iba a ser un reconocimiento por la “firmeza y liderazgo” – así lo dijo - del Presidente Kuczynski al otorgar el indulto a Alberto Fujimori. Digo “iba”, porque el diablo se coló en los detalles y la confesión de Almagro salió mal. Contó – supongo que con el ánimo de decir que no hubo canje de indulto por salvar de la vacancia – lo que terminó siendo una constatación más de que el indulto es político y no humanitario.

Almagro relató en conferencia de prensa que Kuczynski le dio detalles de su intención de indultar a Fujimori el pasado 2 de noviembre. Mucho antes de cualquier visita o certificación médica al reo de la Diroes. La confesión de Almagro es consistente con la del asesor de Kenji Fujimori, Jorge Morelli, quién señaló el 30 de diciembre que la decisión ya estaba tomada en agosto pero que faltaba definir la oportunidad. Es decir, de humanitario, nada. La oportunidad, aunque Almagro quisiera descartarla, fue el propio rescate del Presidente, de ahí el apuro por sacar el indulto dos días después. Esto vuelve a destruir la tesis de un Jefe de Estado magnánimo que súbitamente recibe el expediente de un reo gravemente enfermo y que, en consideración a sus dolencias, lo indulta. Será algo más que informar por parte de los deudos de las víctimas de Alberto Fujimori a la CIDH.

¿Por qué Luis Almagro se presta a este juego político interno? No lo sabemos. Tal vez necesita el compromiso del Estado peruano, anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, para poder proseguir con una agenda sobre el asunto Venezuela. Pero, si ese era el caso, el Perú tiene, desde el gobierno de Toledo, una trayectoria en defensa de la democracia continental bastante consistente. No se requería una declaración de Almagro contra sí mismo. Cabe recordar que el pasado 4 de enero el Secretario General hacía suyo el informe y “compartía la preocupación” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en todos sus sentidos, era adversa al indulto a Fujimori, tal como se presentó en la pasada audiencia del 2 de febrero. ¿Almagro versus Almagro? ¿Hay uno para enero y otro para febrero? No se puede ser tan incoherente sin dejar peor aún al ahora defendido.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado ayer en contra del Estado peruano. Ordena archivar el proceso que se sigue en el Congreso para sancionar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. De esa forma garantiza el derecho a la justicia en el caso conocido como “El Frontón”. Bien por eso. Un ataque más a la democracia ha sido detenido. En pocos días, se emitirá una resolución que podría dejar sin efecto el indulto a Fujimori. Por los actos propios del Ejecutivo, parece que correrá la misma suerte. Se fallaría en su contra, otra vez.

Varios congresistas, de diversas bancadas, animaban ayer a sus colegas a no cumplir las resoluciones de la CIDH. Es curioso ver como hacen pronunciamientos contra la venida de Nicolás Maduro, el dictador venezolano, pero se comportan igual que él. Venezuela, justamente porque es una autocracia, desconoce los fallos de la justicia supranacional en materia de derechos humanos y está en camino de la denuncia de la Convención. Aquí, quieren hacer lo mismo, pero se creen moralmente superiores al dictador que atacan. Una hipocresía mayúscula.

La Constitución de 1993 es bien clara. La copio aquí para los que la olvidan hoy: “Artículo 205°: Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.” Es decir, está jurisdicción es de obligatorio cumplimiento. ¿Y si no le da la gana de cumplir al Congreso? Pues, tarde o temprano cumplirán. ¿No recuerdan la destitución fujimorista de tres magistrados en 1998? ¿Cómo terminó?

La Constitución tiene sanciones para los congresistas rebeldes. Los artículos 99 y 100 establecen el procedimiento para los infractores a la Constitución. Tal vez no será en este, pero en otro Congreso, con otra correlación de fuerzas, aquellos que infrinjan la Constitución serán inhabilitados para la función pública. ¿Qué mayor infracción que desconocer una orden judicial a la que está sometido el Estado peruano por tratados y por su propia Constitución? Si el Congreso se rebela, tarde o temprano, los miembros de éste que votaron a favor del incumplimiento serán procesados e inhabilitados. ¿Nunca se ha hecho? Pregúntele a su colega Luz Salgado, inhabilitada por 5 años por el Congreso. Jurisprudencia, ya hay.

Mientras tanto, la Secretaría General de la OEA, decepciona al continente, una vez más. En eso, hay que reconocerlo, tiene una trayectoria consistente.

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