Guerra a las libertades públicas

Renovada alianza del fujimorismo y el Apra contra la libertad de expresión.

12 Ene 2018 | 6:05 h

Una expresión de la renovada alianza entre Fuerza Popular y el Apra luego del indulto, por lo menos entre los sectores oficialistas de ambos partidos, ha sido poner en la puerta del horno el proyecto de ley que prohíbe toda publicidad del Estado en los medios de comunicación privados. A la decisión tomada por la junta de portavoces del Legislativo se ha sumado, extrañamente, el vocero de Alianza para el Progreso (APP).

Solo la posibilidad de no contar con los votos necesarios para aprobar esta ley ha obligado a la postergación del debate, aunque es probable que la ley se sancione dentro de algunas semanas en la Comisión Permanente del Congreso, un espacio que la alianza que promueve esta norma puede manejar mejor, especialmente luego de la purga de fujimoristas inconformes que acaba de concretar la cúpula de Fuerza Popular al mando de Keiko Fujimori.

La sorpresiva decisión, adoptada mientras juraba el nuevo gabinete, buscaba evadir el trámite en comisiones. Como se sabe, desde noviembre pasado, esta iniciativa legal espera un debate ordenado en la Comisión de Transportes. El argumento en favor de un “debate express” de una ley que afectará a los medios de comunicación es extremadamente pueril, es decir, que debe ser tratado directamente porque la materia no se ajusta al ámbito de la referida comisión.

La realidad es otra. Como señala el Consejo de la Prensa Peruana en un reciente pronunciamiento, “la iniciativa legislativa podría tener el propósito de ejercer presión sobre los medios de comunicación a fin de condicionar su línea editorial. Por otro lado, limitar la difusión de campañas públicas a medios de comunicación del Estado y a redes sociales, resulta una medida discriminatoria”.

El proyecto adolece de serios vicios que devienen de su posición respecto al ejercicio de ciertos derechos. La Defensoría del Pueblo ha indicado que los términos en que se plantea la propuesta implican graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público, tales como problemas y políticas públicas en sectores o materias tan sensibles como la salud, educación o seguridad ciudadana.

A pesar de ello, poderosas razones impulsan este proyecto a punto de convertirse en un elemento central de la relación entre el fujimorismo y el Apra. Por las expresiones de los defensores de la iniciativa en el Congreso, lo que se persigue en el corto plazo es el cierre de los canales de comunicación del Gobierno con la opinión pública, para hacer más evidentes su debilidad y aislamiento, o sumar a todo esto el silencio.

Desde una lógica institucionalista, defendida por los sectores oficialistas en las pugnas internas de estos partidos, convendría preguntar si los militantes han sido consultados sobre una ley de esta magnitud. En el caso del Apra, que ha realizado recientemente un Congreso Nacional, fue evidente en esta cita que la posición de la abrumadora mayoría es por un Apra independiente que retorne a sus raíces y no por un grupo que les declare la guerra a las libertades públicas.

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