Lava Jato, nueva etapa

5 Dic 2017 | 6:00 h

La prisión de cinco de los principales ejecutivos peruanos comprometidos en los negociados de la carretera Interoceánica, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, constituye un extraordinario viraje en la lucha contra la corrupción en el Perú.

En febrero de este año publiqué un artículo, “Ciudadanos por encima de toda sospecha” (http://bit.ly/2iPmN5e) llamando la atención sobre cómo en el Perú las investigaciones sobre el escándalo Lava Jato se limitaban a la responsabilidad de los políticos, pero dejaban en la sombra la de los empresarios peruanos comprometidos en los actos de corrupción. El megaescándalo tuvo tres protagonistas estelares: el Estado peruano, las empresas brasileñas y las empresas peruanas que actuaron como sus socias, recurriendo al mecanismo de las Asociaciones Público Privadas, APP.

En Brasil se actuó enérgicamente contra las empresas corruptoras, enviando a prisión a decenas de ejecutivos y empresarios, lo cual puso en marcha las delaciones premiadas que permitieron avanzar sustantivamente en el esclarecimiento de la verdad. Pero en el Perú las investigaciones se limitaron a los políticos, involucrando hasta a cuatro ex presidentes de la República sin tocar a los empresarios comprometidos en la estafa, que contaban con el apoyo de lobistas en los medios de comunicación que advertían que incomodarlos sería “desalentarlos”, lo que frenaría la inversión y hundiría al país en la miseria.

Si se cuantifica los perjuicios que los corruptos hicieron a la nación, los empresarios se llevan largamente las palmas. Basta comparar los US$ 20 millones de coima que habría recibido Alejandro Toledo con los incrementos del costo de las obras contratadas con el Estado, vía adendas. La Interoceánica Norte (IIRSA Norte) y los tramos 2, 3 y 4 de IIRSA Sur pasaron, durante los gobiernos de Toledo, García y Humala, con 22 adentras de por medio, de poco más de US$ 1,000 millones a más de US$ 4,500 millones. Hasta febrero de este año, IIRSA Norte pasó de US$ 258 millones a US$ 1,185’369,489. El tramo 2 de IIRSA Sur de US$ 263 millones a US$ 1,081’494,621. El tramo 3 de US$ 395 millones a $ 1,131’154,323. Y finalmente, IIRSA 4 de US$ 244 millones a US$ 1,102’133,840 hasta diciembre del año pasado (http://bit.ly/2BHHKn1).

Esta sumaria lista acumula cerca de 7 mil millones de dólares de perjuicio al país vía adendas, la firma de cada una de las cuales fue una nueva oportunidad para concertar coimas. Lelio Balarezo, ex vicepresidente de CONFIEP, condenado a prisión por evasión de impuestos, sigue siendo el preso menos buscado del país. Y la reciente CADE ha mostrado el nulo interés que tienen los empresarios porque estos hechos se esclarezcan.

¿A qué responde la impunidad con que actúan los empresarios? En primer lugar, en el mundo de inicios del siglo XXI quien tiene el poder económico compra el poder político y el simbólico, repartiendo coimas a políticos y periodistas, asegurando así las utilidades corruptas y también el silencio cómplice en torno a ellas. Cuanto mayor es el poder económico que se concentra, tanto mayor es la capacidad de corromper. De esa manera, la democracia se vuelve una farsa, porque la concentración del poder económico, político y simbólico se pone al servicio de los intereses de pequeñas elites y pervierte los mecanismos de representación. De acuerdo a la ficción jurídica, todos los peruanos podemos elegir y ser elegidos, pero en realidad la cancha se inclina a favor de quienes pueden mover millones promoviendo su candidatura, y estos están en manos del poder económico. Ésa es la esencia de las “contribuciones” que hacen las empresas corruptoras a las campañas de los candidatos con posibilidades de llegar al poder.

La otra razón fundamental es la ficción, que se ha impuesto exitosamente como una ideología ampliamente aceptada, de la “superioridad moral” de la honrada empresa privada con relación a la corrupta administración pública. Esta ficción pegó gracias a la supercorrupción del primer gobierno de Alan García. En ese periodo las empresas públicas no financieras perdieron más de US$ 1,700 millones de la época por corrupción. Ecasa, Enci y Pescaperú, al mismo tiempo que acumulaban US$ 622 millones en pérdidas, incrementaban su número de empleados (compañeros, obviamente) en 242%. Durante sus últimos meses de gobierno, García dio subsidios escandalosos al consumo popular, quebrando empresas estatales para no abandonar el poder con cifras tan malas. Así, el control de PetroPerú y ElectroPerú le permitió dejar la tarifa de electricidad en aproximadamente US$ 0.50 mensuales y el galón de gasolina en US$ 0.9, cuando su valor en el mercado mundial era de US$ 1.10. Ninguna empresa puede resistir semejante trato.

La frontera no está pues entre lo público y lo privado. La corrupción lo penetra todo y es necesario combatir en todos los frentes. La pesadilla de Alan García y Kiko Fujimori puede materializarse. Puede negociarse colaboraciones eficaces que permitan llegar al fondo de las cosas.

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