Piden 18 meses de prisión preventiva para 5 empresarios

Trama. Fiscal Hamilton Castro les atribuye haber confabulado con Odebrecht el pago de US$ 20 millones al ex presidente Alejandro Toledo a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 la carretera Interoceánica Sur.

2 Dic 2017 | 6:44 h

El juez Richard Concepción resolverá este domingo 3 de diciembre la solicitud del fiscal anticorrupción Hamilton Castro para encarcelar durante 18 meses a los empresarios José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Gonzalo Ferraro Rey, José Castillo Dibós y Fernando Camet Piccone, socios de la constructora brasileña Odebrecht.

La petición del fiscal Castro se sustenta en las confesiones del ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, quien reveló que los mencionados hombres de negocios aceptaron pagar sobornos por 20 millones de dólares al ex mandatario Alejandro Toledo para que aprobase la concesión de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, al consorcio Conirsa que estaba compuesto, además de Odebrecht, por las compañías Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA.

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En un principio, los imputados negaron haber abonado coimas a Toledo por intermedio de Odebrecht –que hizo los depósitos a nombre de las empresas de su amigo el empresario israelí Josef Maiman–, para luego sostener que fueron "engañados" por la constructora brasileña.

Por lo bajo

Sin embargo, de acuerdo con el requerimiento del fiscal Hamilton Castro, Jorge Barata no solo declaró que sus asociados aceptaron pagar los sobornos,sino también proporcionó evidencias documentales como copias de las juntas de accionistas en las que se registró el acuerdo para desembolsar los pagos ilícitos bajo la fórmula de "riesgos adicionales y/o mayores riesgos".

El dinero de las coimas a Toledo serían recuperadas por los conspiradores mediante el sobrecosto de las obras y el incremento paulatino de las mismas mediante la fórmula de las "adendas".

En efecto, el tramo 2 tuvo un presupuesto inicial de 263 millones de dólares, pero terminó costándole al Estado 654 millones. Es decir, tuvo un sobrecosto de 391 millones de dólares.

El tramo 3 de la carretera, al comienzo fue presupuestado en 395 millones de dólares, pero al final el Estado pagó 686 millones de dólares. El sobrecosto fue de 291 millones de dólares. Entre agosto de 2005 y diciembre de 2010 se firmaron 7 adendas para facilitar el incremento de las obras. A los complotados les resultó beneficioso invertir 20 millones de dólares en sobornos.

Lo sabían todo

Según el fundamento del fiscal Hamilton Castro para requerir la prisión preventiva, el ex presidente del directorio de Graña y Montero José Graña Miro Quesada; el ex presidente ejecutivo de la misma empresa Gonzalo Ferraro Rey; el ex director de esta constructora Hernando Graña Acuña; el presidente de JJC Camet, Fernando Camet Piccone, y el director y gerente general de ICCGSA, José Castillo Dibós, aceptaron la trama de corrupción que planteó Odebrecht con la finalidad de asegurarse la millonaria adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

Si bien desde hace aproximadamente medio año que Jorge Barata suministró la información al fiscal Hamilton Castro, la autoridad se dedicó durante ese tiempo a cruzar y verificar la información para alcanzar una solidez apropiada para la formulación de la acusación contra un grupo de empresarios que son conocidos por ser importantes contratistas del Estado y cuyas compañías son de renombre internacional. Recién cuando hubo documentado los hechos, Castro solicitó al juez Concepción la detención provisional de los imputados.

En un último comunicado del jueves 29 de noviembre, cuando circulaban versiones sobre el pedido de prisión preventiva del fiscal Hamilton Castro, la compañía Graña y Montero informó que se allanaría a las investigaciones.

"Graña y Montero saluda cualquier actuación del Ministerio Público encaminada a esclarecer la verdad sobre los actos corruptos de Odebrecht y reitera que el pago de sobornos a funcionarios o cualquier otra actividad ilícita no forman parte de las política y prácticas empresariales de la compañía", señala el comunicado.

"El directorio de Graña y Montero manifiesta rotundamente que no protege ni protegerá a ninguna persona que haya estado involucrada en actos de corrupción. La compañía está preparada para adoptar las acciones legales correspondientes contra cualquier persona, funcionario o ex funcionario, que con sus actos irregulares haya causado daño a la empresa", adelantó la constructora.

En su presentación en la comisión Lava Jato, hace más de medio año, José Graña Miró Quesada dijo que el testimonio de Barata era una mentira. "Ni nuestra empresa ni nuestros ejecutivos conocieron o realizaron pago alguno, ni realizaron algún tipo de soborno o reembolso. Lo que ha manifestado el ex representante de Odebrecht en el Perú sobre el supuesto conocimiento de otras empresas, en el caso de Graña y Montero, no es verdad... ellos actuaron solos", afirmó.

Al cierre de esta edición ninguno de los empresarios citados para este domingo en la Sala de Audiencias del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se pronunció sobre el pedido del fiscal Hamilton. Tampoco sus abogados defensores emitieron pronunciamiento alguno.

Procuraduría pide reparación de 200 millones de soles

El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez Ramírez, solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho que las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, paguen una reparación civil de 200 millones de soles.

"El pedido de la Procuraduría se sustenta en el beneficio económico que obtuvieron estas empresas a raíz de los presuntos sobornos que recibió el ex presidente Alejandro Toledo para el favorecimiento de los consorcios en el otorgamiento de la buena pro del proyecto", señaló la defensa del Estado en este caso.

Sin embargo, la cifra no es definitiva y podría aumentar "según los daños civiles que la Procuraduría identifique en el transcurso del proceso".

Otro de los testigos claves en el pago de los sobornos fue Josef Maiman, ex amigo íntimo de Toledo.

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