El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha emitido una resolución que permite la reelección indefinida de todas las autoridades electas en los ámbitos nacional, regional y municipal, dejando un delicado precedente que puede convertirse en una epidemia reeleccionista en América Latina. A pocas semanas de culminar su mandato, el máximo órgano de interpretación constitucional de Bolivia, objeto previo de prácticas injerencistas para cambiar su composición, ha modificado la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, votada en el referéndum del año 2009, inaplicando cuatro de sus artículos que se refieren a la elección y reelección de cargos políticos por elección popular. Estos artículos ya fueron objeto de una interpretación forzada hace años para permitir un tercer mandato de Evo Morales. El razonamiento del tribunal boliviano es impresionantemente inconstitucional. Arremete contra su propia Constitución amparándose en una lectura antojadiza de la Convención Americana sobre DDHH, el Pacto de San José, que es el documento hemisférico que origina el sistema interamericano de DDHH del que son parte la gran mayoría de estados de la región. El inciso 1) del artículo 23º de este tratado señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y de acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. El inciso 2) de este articulo limita la reglamentación de estos derechos “exclusivamente” por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. El TCP ha señalado que esta redacción es preferente a su Constitución porque protege los derechos políticos de las personas y que debe ser el pueblo quien en definitivamente decida sobre la reelección. El tribunal ha hecho una lectura extremadamente sesgada de la Convención, entendiendo que la esencia de la elección es la misma que la reelección, y que el derecho a ser elegido –que debe ser en lo posible abierto y no restrictivo– se extiende a todas las veces que un presidente quiera ser elegido, creando un inaudito “derecho a la relección”. Nunca se había usado la Convención Americana sobre DDHH para argumentar, precisamente, contra la violación de los derechos de elegir y ser elegidos que son, por esencia, derechos atribuibles a la persona para alcanzar un cargo y no para que una autoridad se perpetúe en él. Lo que sucede en Bolivia reviste al mismo tiempo una embestida a la soberanía popular con el pretexto de defenderla. En ese país, la limitación del mandato presidencial ya fue votada en el referéndum de aprobación de la Constitución, en enero del año 2009, con lo que el veredicto de las urnas –de acuerdo al fallo del TCP- se ha cumplido. Por si fuera poco, en otro referéndum, en febrero del año pasado, el pueblo rechazo una cuarta elección de Morales, un pronunciamiento específico que ha sido gravemente ignorado. El fallo del TCP colisiona con la tradición constitucional de una América Latina presidencialista que debió reglamentar las relecciones continuadas para garantizar la vigencia de dos elementos del pacto republicano, el gobierno limitado en el tiempo y la alternancia en el poder. Esta tradición se fortaleció durante la ola democratizadora de los años 80 y, aunque fue ligeramente alterada desde la reforma constitucional argentina de 1994 (El Pacto de los Olivos), y por las constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, no lo fue al extremo de permitir las reelecciones indefinidas. En el caso peruano, a la caída de Fujimori fue repuesta la prohibición de reelección inmediata y ahora mismo se debate en Ecuador prohibirla. El fallo del TCP boliviano nos recuerda que el autoritarismo en la región está vivo. http://juandelapuente.blogspot.pe/
