Facultad de Derecho de la PUCP defiende autonomía del TC y Ministerio Público

Pronunciamiento sostiene que acusaciones contra los magistrados del Tribunal Constitucional y el fiscal Pablo Sánchez “no se ajusta a la Constitución ni el Reglamento del Congreso”.

13 Nov 2017 | 21:28 h

La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) emitió un pronunciamiento de respaldo a la autonomía del Tribunal Constitucional y el Ministerio Público frente a las denuncias que se promueven en el Congreso desde un sector político.

“Nos corresponde llamar a la reflexión sobre la correcta interpretación y aplicación de instituciones constitucionales como la acusación constitucional, así como defender tenazmente la actuación independiente, sin presiones ni represalias, de los órganos del sistema de justicia”, expresan.

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Los casos que se hacen referencia son, en primer lugar, la investigación constitucional que cuatro magistrados del TC enfrentarán por subsanar una sentencia del 2013 respecto al Caso el Frontón, donde calificaron como lesa humanidad los crímenes perpetrados entonces.

“La acusación constitucionalo presentada implica una intromisión violatoria del principio de independencia jurisdiccional, por lo que la Comisión Permanente debe declarar improcedente”, argumenta la PUCP.

Cabe apuntar que sobre este hecho, los magistrados involucrados coinciden en señalar que se “está violando el debido proceso” al tratar de resolver una causa que se encuentra abierta en el Poder Judicial

El otro punto que aborda la institución del Derecho está relacionado a la denuncia constitucional que el fujimorismo presentó contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas “omisiones funcionales” en el Caso Lava Jato. En esta línea cuestionan que se pretenda sancionar drásticamente al titular del Ministerio Público sin el conocimiento previo para evaluar su desempeño.

“La denuncia supone el empleo del mecanismo de control y sanción parlamentaria más intenso, sin que el Congreso haya realizado otras acciones de control menos gravosas para informarse sobre el cumplimiento de los deberes del fiscal de la Nación”, reza la carta.

Para finalizar, se sostiene que ambos procesos “no se ajustan al artículo 99 de la Constitución y al artículo 89 del Reglamento del Congreso”, toda vez que no existe vulneración a los principios constitucionales

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